El contrato del ciclo del agua de Cangas, las numerosas modificaciones acordadas de las tarifas y el rédito político que se quiere sacar de este conflicto tienden a confundir a la opinión pública y crear esquizofrenia política. El contribuyente cangués está colapsado con tanta tarifa del agua, tanta regularización catastral, como costera. Por eso es conveniente aclarar la situación. Fue el gobierno del Partido Popular-Nardo Faro Lagoa quien en noviembre de 2014 aprobó las nuevas tarifas del ciclo del agua para 2015, después de que en el mes de octubre adjudicara a la empresa UTE Gestión Cangas, integrada por las empresas F.C.C.-Aqualia y Civis Global, la gestión del servicio integral por un precio de 57,8 millones de euros y por 25 años.

En el mes de noviembre de 2014, el bipartito PP-Nardo Faro Lagoa el pleno de Cangas rechaza todas las alegaciones presentadas por la oposición a las nuevas tarifas. En ese momento, el propio gobierno sacó a colación un informe de los técnicos municipales que advertían de la posibilidad de rebajar los ingresos previstos en el contrato de concesión del servicio firmado entre la UTE Gestión Cangas y el Concello de Cangas, sin exponerse a una demanda de indemnización por la adjudicataria.

Es en abril de 2015, a dos meses de las municipales, y acuciado por la población que se echó a la calle, el bipartito PP-Nardo Faro Lagoa propone al pleno municipal aplicar en 2015 las tarifas del agua de 2014. Lo hace sin que el informe de Intervención sea favorable, pero logra la unanimidad de toda la corporación municipal. El PP no tramitó este acuerdo, pero al poco de llegar el actual tripartito al poder insistió una y otra vez en él. Tras varias conversaciones que los miembros del gobierno actual mantuvieron con ejecutivos de la UTE Gestión Cangas, por fin se volvió a llevar a pleno la propuesta de aplicar en 2015 las tarifas de 2014, aunque los informes de Intervención seguían siendo desfavorables.

Pero el grupo municipal del Partido Popular encontró en los cambios del orden del día del pleno de 18 de febrero de 2016 una excusa para levantarse y no estar presente en la votación de un acuerdo que era el mismo que él había propuesto poco antes de las elecciones municipales, aprobado también en pleno.

Estas tarifas que se aplicaron en 2015, con las que toda la corporación municipal se mostró de acuerdo, fueron las que tumbó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no otras. Por eso no se entiende muy bien que el Partido Popular diga ahora que el fallo del alto tribunal ratifica que la solución al recibo del agua fue ilegal y pide la dimisión del concejal de Facenda. Mariano Abalo. Puede pedir la dimisión, está en su derecho, pero no puede decir que el tripartito desoyó las advertencias realizadas por PP, porque eso se aleja de la verdad. El PP llevó esa misma rebaja de las tarifas del agua a pleno, donde también consiguió unanimidad, sin importarle tampoco las advertencias de Intervención. Los políticos no deben confundir a la población arrojando más datos de los que se pueden asimilar, mezclándolos unos con otros.

Los recibos, con las nuevas tarifas, modificadas por el actual gobierno, son los que se van a pasar el cobro.