Informes técnicos y jurídicos negativos, falta de acuerdo con la concesionaria y de respuesta a las alegaciones vecinales, propuesta "hecha a la carta por una empresa amiga de A Coruña, sin base ni fundamentos", y otras carencias y deficiencias a la hora de modificar las tarifas del agua que han acabado en la anulación de un acuerdo plenario por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre los recibos de 2015, la reclamación de más de un millón de euros por parte de la empresa y la presentación de un nuevo recurso que cuestiona también las tarifas en vigor. Es el resumen que hace el grupo municipal del PP sobre la "solución ilegal" del gobierno tripartito al problema del ciclo del agua, de cuyo proceder irregular dicen haberle advertido, y también de que "traería consecuencias para los vecinos". Aunque los populares reparten las responsabilidad entre todos los concejales del gobierno, pues votaron a favor de la medida, ponen en foco en el edil de Facenda, Mariano Abalo, del que vuelven a exigir la dimisión por "convertir en lío todo lo que toca" y por suponer un "lastre para Cangas" que pagan sus ciudadanos.

"El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio y dejando al descubierto las mentiras y las falsas promesas de este gobierno que estafó a los cangueses, manipulándolos y confundiéndolos con el único objetivo de alcanzar el poder", arremeten los representantes del Partido Popular, que acusan a los actuales gobernantes de llevar dos años al frente del Concello "sin dar soluciones", y cuando adoptan alguna medida "lo que hacen es empeorar la situación con cargo a los bolsillos, tarde o temprano, de los ciudadanos". Reiteran que las medidas sobre las tarifas del agua se tomaron sin rigor e incluso "con informes técnicos y jurídicos municipales negativos", por lo que no debe extrañar la sentencia judicial contraria al Concello, que ya ha manifestado su intención de no recurrirla, aunque también la de no pagar a la concesionaria el millón de euros que reclama como "compensación" por las pérdidas de ingresos derivadas de aquella modificación contractual.

"Nos decían a los vecinos que estaban negociando, que tenían un acuerdo con la empresa concesionaria", recuerdan los concejales del PP, y añaden que meses después el tripartito procedió a "modificar las tasas de manera unilateral, sin ningún tipo de acuerdo y con los informes desfavorables", deficiencias que le hacían augurar estas consecuencias. "El resultado era sabido, y también que iba a traer repercusiones que vamos a pagar todos los vecinos de Cangas", que califican de "abalada" esta situación en referencia al concejal Mariano Abalo, contra el que cargan sus reproches, entre ellos que se haya procedido a "cobrar de forma ilegal, como demuestra la sentencia del TSXG, y en tiempo récord hasta ocho recibos en seis meses". También avisan de que el próximo recibo, que se pasará al cobro en abril, "es irregular, pues se realizó una modificación de la tasa en el mes de febrero sin la correspondiente exposición pública".

Los problemas crecen

"Para este gobierno vale todo, llámase IBI o agua", concluyen los populares, que hace hincapié en que la concesionaria no ha ejecutado ninguna de las inversiones comprometidas y que Mariano Abalo "lleva más de 40 años tirando la piedra y escondiendo la mano" en asuntos relevantes -como la elaboración del Plan Xeral, legalización de dos edificios de la calle Noria, el desarrollo de Massó, la situación legal de los núcleos costeros, las reclamaciones sobre la contribución urbana o la regularización catastral-, por lo que urgen su dimisión.