Los representantes del gobierno de Cangas llevan varios días valorando la "ofensiva" de la concesionaria del servicio y han tomado la decisión de no recurrir el fallo judicial que anula la ordenanza aprobada el 18 de febrero, pues reconocen que la carencia de un informe económico financiero merma mucho las posibilidades de que prospere y además ya han acatado la sentencia "de facto" con la aprobación de una nueva ordenanza, en diciembre. Pero también dejan muy claro que el Concello no pagará el millón de euros que reclama la concesionaria porque la exigencia se basa en unas cifras de explotación que no se ajustan a la realidad. El concejal de Facenda, Mariano Abalo, va más allá al declarar la "guerra económica" a la empresa y avisa de "xa se verá quen paga a quen", porque su departamento dispone de documentación suficiente para acreditar que la concesionaria "falsea" sus cifras de negocio con el único objetivo de recuperar la aplicación del "tarifazo", mientras presta un servicio de inferior calidad al que está obligada.

Abalo enmarca la ordenanza fiscal aprobada en febrero de 2016 como una "resposta política" a las tarifas abusivas que figuran en el contrato, de las que responsabiliza al Partido Popular, y la "demanda social contra o tarifazo", pero rechaza rotundamente que la concesionaria pretenda aprovechar esa decisión judicial para intentar cobrar al Concello más de un millón de euros como "compensación" por una pérdida de ingresos que no acredita con rigor. El edil apunta que ya ha mantenido varias reuniones técnicas en las que se cuestiona los datos de explotación que presenta la empresa, en la que figurarían más gastos que los realizados y omitiría ingresos para desnivelar la balanza a su favor. A esas deficiencias añade "claros incumprimentos" de la concesionaria que el Concello está documentando "para actuar en consecuencia". "Estamos realizando unha rigurosa auditoría do servizo, e cos datos sobre a mesa veremos quen lle ten que pagar a quen", repite el responsable de las finanzas municipales.