La delegación de Cangas que viajó ayer a Pontevedra, conformada por el alcalde y el concejal de Facenda, Xosé Manuel Pazos (ACE) y Mariano Abalo (ACE) , respectivamente, no consiguió mucho en el Catastro, donde se volvió a entrevistar con el gerente territorial, Fernando Baena. La regularización era y es una cuestión de Hacienda y ésta iba a seguir de forma implacable su curso. Algo que los representantes municipales sabían, aunque tuvieron la oportunidad de dejar claro al gerente territorial del Catastro, Fernando Baena, de que la regularización catastral llevada a cabo en Cangas era una revalorización encubierta o, mejor, una revalorización pura y dura iniciada por el Partido Popular desde Madrid. Poco más se consiguió en los despachos de Catastro que acelerar el proceso de aquellas alegaciones presentadas por afectados por la regularización catastral que todavía no obtuvieran una respuesta.

Pero fue en el Organismo de Recaudación Autónomo de la Administración Local (ORAL) donde tanto Pazos como Mariano Abalo lograron beneficios para los vecinos de Cangas. Por una parte, el Concello y el ORAL acordaron paralizar el cobro de todos aquellos recibos de los contribuyentes que tienen sus alegaciones sin responder. También se acordó que a partir del lunes se abriría en el Concello una oficina donde se atenderían las solicitudes de pago fraccionado de los recibos atrasados de los últimos cuatro años (diferencia entre lo que pagaron y lo que tenían que pagar conforme al valor catastral que ahora se le aplica).

Comentó el regidor local que ese día ya el Concello dispondría de los formularios correspondientes y y que las peticiones debían ir dirigidas a la Alcaldía para después tramitarlas todas juntas ante el ORAL. Señala Xosé Manuel Pazos que si bien la ley permite el fraccionamiento del pago, lo que intenta el gobierno local es que a las familias con pocos recursos, que cuenten con un informe favorable de los Servicios Sociales, no tengan que pagar los intereses correspondientes.