21 de marzo de 2017
21.03.2017

Las asociaciones por la justicia urbanística premian al Senado por la protección de los terceros de buena fe

La modificación realizada por la Cámara Alta afecta, entre otros, al edificio Pintos de Bueu

21.03.2017 | 02:44
Afectados, senadores y representantes del PSOE.

La Coordinadora Nacional de Asociaciones por la Justicia Urbanística (CAJU) ha concedido el premio a la Justicia Urbanística al Senado por la introducción de modificaciones legislativas para proteger los derechos de los terceros de buena fe, personas que han adquirido viviendas legalmente y que se han visto metidas en conflictos que derivan en la exigencia del derribo de sus inmuebles.

El colectivo agrupa a diferentes asociaciones de toda España, entre ellas la Asociación Galega de Defensa Urbanística dos Terceiros de Boa Fe (Agade), presidida por José María Alén, que a su vez es el portavoz del grupo de afectados por el edificio Pintos, en Bueu. Alén fue uno de los integrantes del jurado, en el que también estaban Gerardo Vázquez (de la asociación almeriense Auan), y Antonio Vilela (de la asociación cántabra Ama).

El presidente de la coordinadora, Antonio Vilela, manifestó que la decisión del Senado, adoptada hace dos años, "ha sido un alivio y un soplo de aire fresco para miles de familias en España que vivían angustiadas al ver que podrían perder su hogar, adquirido legalmente de buena fe e inscrito en el Registro de la Propiedad". Vilela dice que el Senado decidió enmendar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el Código Penal, creando nuevas disposiciones "para garantizar la justa indemnización si hay que tirar casas adquiridas por terceros de buena fe". Y destaca el hecho de que los cambios fueron introducidos con el apoyo de todos los grupos de la Cámara Alta.

Alén manifestó, por su parte, que el edificio Pintos "se salvó por los pelos gracias a estas enmiendas". Argumenta que "fue construido hace décadas y está debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, pero dicen que incumple la normativa por sobresalir la fachada 90 centímetros, y por eso había que demoler toda la fachada del edificio, dejándolo inservible y desahuciando a las familias residentes en el mismo". Recuerda que "decían que iban a poner una lona al pie del edificio y ahí iban a depositar nuestros enseres personales, los efectos de toda una vida". El derribo se ha paralizado de momento, ya que la cuestión está en el Tribunal Supremo. "Tenemos miedo de la decisión final pero estamos agradecidos al Senado por darnos un alivio", sentencia.

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