El Área Metropolitana de Vigo mantiene su calendario y agenda de trabajo ignorando el recurso judicial presentado por la Xunta para intentar paralizar su actividad. La Junta de Gobierno celebró ayer su reunión ordinaria de febrero en la que se aprobó la creación de cinco comisiones técnicas sobre temas como infraestructuras o empleo en las que se dotará de contenido al plan bianual de actividades que debe estar aprobado en el plazo de cuatro meses. Los ocho alcaldes de PSOE, BNGy En Marea dieron el visto bueno a sus líneas maestras y resta concretar los proyectos que se quieren impulsar de forma conjunta hasta 2019 en sanidad, educación, turismo, cultura, promoción económica o carreteras. Los alcaldes que integran el nuevo ente supramunicipal y representan a 401.427 habitantes están convencidos de que no hay fundamentos jurídicos para que se declare la suspensión cautelar del ente que reclama Vicepresidencia y por eso ayer decidieron seguir adelante con el proyecto.

"Estaremos aquí trabajando por los intereses reales de los vecinos porque la ley nos obliga a disponer de plan de obras antes de seis meses y ya han pasado dos desde la constitución del Área", recordó el vicepresidente primero y alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, al término de la Junta de Gobierno, que se celebró en segunda convocatoria al ausentarse ayer por enfermedad y compromisos ineludibles en sus ayuntamientos los alcaldes de Nigrán, Moaña y Porriño.

Pazos, flanqueado por los regidores de Gondomar y Salceda -Fornelos ya había salido- reafirmó la "unidad de acción" de los ocho miembros del gobierno metropolitano y explicó que el Área ya se había personado en la causa que dirime el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 sobre su legalidad y también presentó alegaciones el Concello de Vigo en calidad de codemandado. Ahora lo harán los otros siete ayuntamientos para quienes el plazo de alegaciones aún no venció. "Confiamos en que no se va a producir esa suspensión cautelar y el juez podría decidir hacia mediados o finales de marzo", expusieron los alcaldes, que descartan esta opción.

El presidente del Área, Abel Caballero, insistió ayer en que el órgano "seguirá adelante" pero denunció que "el desarrollo de políticas concretas está siendo boicoteado por la Xunta al negarle la inscripción, el nombramiento de un secretario e interventor y recurrirla en vía judicial". Si el Gobierno gallego no cede las competencias y la financiación previstas en la ley el funcionamiento del Área Metropolitana se verá limitada a asuntos de ámbito estrictamente municipal.

"¿Si el PP tuviera mayoría en el Área y mandara también habría presentado este recurso?", se preguntó ayer el regidor vigués, que lamentó el "cinismo absoluto" de Feijóo y Rueda como responsable directo del recurso. Caballero se mostró desafiante y aseguró que ambos se expondrán "a más consecuencias", sin precisar las medidas que emprenderá para intentar salvaguardar la actividad del ente.

El alcalde responsabilizó a la Xunta de "paralizar el plan de transporte metropolitano en Vigo" y planteó que "quieren ahorrarse dinero hurtando a los vigueses 0,86 céntimos en sus viajes interurbanos". Atribuye su recursos al Área a "una venganza por perder las elecciones aquí".