El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) comparecerá el jueves en la Audiencia Nacional. Ni él ni el abogado del Concello saben muy bien por qué se le llama a declarar en calidad de testigo y tampoco saben si es de de la defensa o de la Fiscalía. Un mes antes aproximadamente el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE) también viajó a Madrid para presentar declaración en la Audiencia Nacional. Tampoco él conoce a ciencia cierta los motivos que le llevaron hasta allí, cuál es el proceso que se juzga. Ayer pudimos averiguar que también declararon en el citado órgano judicial miembros de la Cofradía de Pescadores y pescadores de Cangas. El alcalde llevará bajo el brazo el convenio urbanístico suscrito cuando gobernaba el PP, a través de José Enrique Sotelo, y recuerda que en 2004, cuando se firmó el convenio entre Concello y Marina Atlántica, no formaba parte de la corporación municipal, que era diputado en el Parlamento de Galicia.
La Fiscalía Anticorrupción investiga un supuesto caso de malversación de fondos públicos y sobrecostes relacionados con el convenio firmado en su día entre el Concello de Cangas y Marina Atlántica por el que se pretendía construir un puerto deportivo en Massó de 400 amarres 750 viviendas y un hotel, por el que el Concello percibió 1,5 millones de euros, aunque el montante total era de 3 millones de euros. Marina Atlántica y Caixanova se repartían el 50% de los terrenos de Massó que se pretendían desarrollar urbanísticamente. Por lo que sabe el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, tanto la citada empresa, que estuvo en concurso de acreedores, como representantes de la antigua Caixanova forman parte de este proceso judicial, aunque desconoce en calidad de qué.
Desde fuentes próximas a la Cofradía de Pescadores de Cangas se recuerda que, en su momento, tanto el pósito como el Foro Social presentaron una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción por la compra-venta de dominio público, aunque fue archivada.
Los pescadores que tuvieron que prestar declaración en la Audiencia Nacional por este caso respondieron a preguntas relacionadas sobre lo relacionado con los intentos de obrar en la zona, si entraban camiones, cuántos metros de nueva escollera se construyó... Pero tampoco ellos saben mucho más del asunto que se ventila en la Audiencia Nacional.
Hay que recordar que el Tribunal Supremo tiró por tierra la concesión de la Autoridad Portuaria de Vigo para el puerto deportivo de Massó otorgada a Marina Atlántica. La fecha fue en abril de 2013 y, desde entonces, pasaron muchas cosas, tantas como que la empresa Marina Atlántica entró en concurso de acreedores. Hay constancia de que Promalar, que estuvo en concurso de acreedores, solicitó por vía judicial el dinero que había adelantado del convenio urbanístico para construir 3.000 viviendas en Aldán. De hecho, el actual gobierno tuvo que hacer frente al pago a Promalar de algo más de un millón de euros, entre dinero del convenio e intereses de demora. No la hay de que Marina Atlántica, la empresa cuya cabeza visible era Ubaldino Rodríguez, reclamara al Concello el millón y medio de euros que había adelantado del convenio urbanístico firmado entre las partes en la época de José Enrique Sotelo.
Veiga mantiene su postura
Por otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, comunicó al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que no había cambiado su opinión respecto a no entregar al Concello la Torre de Massó y le anunció que en próximas fechas le llamaría su secretaria para fijar una encuentro.
