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El juzgado pide a la Sareb que informe sobre la demolición de dos chalés de su propiedad en Darbo

El demandante pide a los tribunales la ejecución de la sentencia y al Concello que actúe como contra cualquier ciudadano que infrinja la ley

Chalés ubicados en el Ramal Paraíso, número 9, en Darbo. // Gonzao Núñez

El juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra otorga diez días de plazo a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para que en el plazo de 10 días indique "persona responsable y actos llevados a cabo para el cumplimiento de la sentencia" relacionada con los dos chalés en Darbo sobre los que pesa una orden de derribo. En julio de 2016 el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) ordenó el derribo de los citados chalés e impuso multas coercitiva de mil euros a la Sareb. No hacía otra cosa que cumplir con el acuerdo de la Alcaldía de fecha de 30 de enero de 2012, por el que se ordenó a la empresa antes propietaria, Xucaba S.L., la demolición e las obras (construcción de dos viviendas adosadas amparadas en una licencia sin ajustarse a los términos que figuran en la misma, en cuanto a criterio de parcelación). El regidor local firmó el acuerdo de demolición unos días después de que se terminara el plazo concedido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que lo hiciera.

La Sareb pagó una multa de mil euros impuesta por el Concello y hasta ahora no se volvió a saber más del asunto. Pero el denunciante que logró la sentencia de derribo vuelve a la carga. Pide al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra la ejecución definitiva. Hace mención a que en junio de 2016 se instó a al ejecución forzosa de la sentencia, pero que, no obstante, la actuación llevada a cabo por el Concello de Cangas ha sido la de imponer senda multas coercitivas de 1.000 y 2.000 euros a la actual propietaria, la Sareb. El demandante pide al juzgado que acuerde ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiera la colaboración de las autoridades y agentes de la administración condenada, así como que ponga multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala, así como se reitere estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial.

Petición al Concello

Al mismo tiempo que reclama de los tribunales la ejecución definitiva de la sentencia, el demandante presenta también ante el concello de Cangas un escrito con fecha de 7 de febrero, en el que pide la ejecución forzosa de la sentencia firme dictada por el Juzgado en el Procedimiento Abreviado 47/2015 ya que el concello tiene la obligación de llevar la sentencia hasta la total ejecución así como si es necesario el embargo de bienes y paralización de cuentas bancarias "como se suele hacer con cualquier ciudadano que comete una infracción. No porque sea la Sareb tiene que llevar un trato especial", apunta el demandante, muy molesto con el inmovilismo del gobierno municipal. "Este concello está llevando con mucha pasividad este asunto. Pienso que tiene que ser más contundente como lo hicieron con otras obras. El ayuntamiento tiene que respetar la ejecución dictada por el juzgado, ya que las leyes son para cumplirlas y respetarlas. Pido a los responsables de Urbanismo del Concello de Cangas la ejecución de la sentencia firme para la demolición de esta obra, sí como obligar a pagar las multas enviadas a la Sareb".

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