La junta de portavoces ratificó ayer el acuerdo adoptado la semana pasada por la junta de gobierno de Cangas de recurrir ante los tribunales de justicia la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de tumbar la propuesta del Concello para regularizar 9 núcleos costeros: Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña. En la reunión quedó claro que esta decisión no hipotecará el futuro del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El día anterior se había conocido la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulaba la resolución de Costas, si bien la misma cuestiona la forma en la que resolvió Costas y no entra en el fondo. De ahí que los políticos locales de O Grove se muestren cautelosos todavía.
El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), entregó toda la documentación existente a los portavoces de la oposición, incluida la aportada por una asociación vecinal de Santa Marta que defiende la consideración de núcleo costero tradicional. Asegura Mariano Abalo que existen diferentes criterios para la regularización de los núcleos, pero está claro que no va a influir en la calificación a posteriori de suelo. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas es consciente de que se trata de un contencioso que no será fácil ganar, que la Ley de Costas, a través de la Disposición Transitoria 1 abrió una posibilidad para la regularización de los citados núcleos, pero por otra parte la cierra con una mala interpretación. No hay que olvidar que el Ministerio de Medio Ambiente tumba la propuesta de núcleos realizada por el Concello de Cangas por que los mismos no figuran dentro de un planeamiento urbanístico. En Cangas están todavía vigentes las Normas Subsidiarias de Planeamiento del año 1993 y en aquel momento no aparecía esta necesidad. La propuesta municipal de los nueve núcleos la incluyó en su día el PP en su Plan Xeral de Ordenación Municipal que llegó a fase de aprobación inicial, pero no está vigente.
La de ayer fue una reunión muy tranquila, en la que cesaron las hostilidades entre el concejal de Urbanismo Mariano Abalo y el portavoz del Partido Popular, Rafael Soliño.
La regularización permitiría que la protección del dominio público marítimo terrestre pasara de 100 a 20 metros. Según el último estudio realizado en los nueves núcleos hay 92 edificaciones pendientes de que esta cuestión se resuelva. Pero la regularización no significa legalización, ya que, entre otras cosas los propietarios no podrán realizar ampliaciones, solo obras de mantenimiento.
