El orden del día del próximo pleno de Bueu se cerrará durante la jornada de hoy, pero entre los asuntos que seguro formarán parte del mismo está la dación de cuenta de varios asuntos de índole económica. Uno de ellos es el periodo medio de pago a proveedores, que en el último trimestre de 2016 fue de 42,63 días. Es una cifra que aún supera el máximo estipulado por la ley, pero al mismo tiempo significa reducir a la mitad la demora con la que se arrancaba el último ejercicio económico: en el primer trimestre de 2016 el tiempo medio para el abono de facturas superaba los 95 días.

A pesar de reducir a más de mitad ese periodo de espera el dato del último trimestre del año pasado no fue el mejor. Entre abril y junio la espera de los proveedores pasó de 95,38 días a solo 38, 12. Y en el tercer trimestre de 2016 ese plazo aún se redujo todavía más, quedando en 37 días. Solamente en el cierre del año volvió a repuntar ligeramente, superando los 42 días.

Tanto desde el gobierno local como desde los servicios económicos consideran que ese repunte de final de año es "puntual" y circunstancial. "Coincide no momento de peche de exercizo, no que entran moitas facturas e é moi difícil contabilizalas todas", explicaban ayer desde el ejecutivo. La previsión es que ese periodo medio de pago a los proveedores siga reduciéndose en los próximos trimestres después del trabajo realizado en los últimos meses en los departamentos de Intervención y Tesorería. De hecho, la cantidad de facturas pendientes de reconocimiento extrajudicial se rebajó en un 50% con respecto al año previo. "A partir de agora esperamos poder axilizar aínda máis o pago das facturas a empresas e proveedores", sostienen desde la Concellería de Facenda.

En el portal de transparencia de la web municipal figura también el Plan de Inspección Tributaria para este año 2017, en el que se establecen las que se consideran áreas prioritarias. Según ese documento las inspecciones se centrarán especialmente en el Imposto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); Impuesto sobre el incremento de valor de los terreos de naturaleza urbana; Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), tasas por actividades de supervisión municipal (comunicaciones previas y declaraciones responsables; tasas por ocupación de dominio públic; y la tasa del 1,5% sobre las empresas explotadoras, distribuidoras y comercializadoras de servicios de suministros de interés general.