El juez instructor de la llamada "Operación Vida" contra una supuesta organización criminal encabezada por el clan de "Los Morones" en los mercadillos ambulantes de la provincia de Pontevedra cuenta en su haber desde hace días con un oficio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra en la que se constata que dicho clan operaba en parte amparado en sociedades mercantiles, cooperativas e incluso asociaciones que nunca fueron constituidas ni registradas en los correspondientes organismos públicos de control.
Concretamente la Guardia Civil constata la imposibilidad de obtener las escrituras de constitución de las siguientes sociedades y colectivos vinculadas al llamado clan de "Los Morones": Federación Nacional Organización Sociedad Gitana, Hijos de Morón Sociedad Cooperativa Gallega, Asociación Goberno Galego do Pobo Xitano y Cash Money S. L.
Los investigadores de la Guardia Civil señalan que el nombre es el único dato disponible de las mismas y que no pueden obtener nuevos datos a través del Registro Mercantil Central. Es más, en todos estos casos, el Oficio con el que cuenta el juez señala que los CIF aportados no son más que números de teléfono. O bien se corresponden con otras sociedades sin relación aparente con las sociedades requeridas.
Para los abogados defensores de los zamoranos, este presunto "entramado de empresas y sociedades falsas" permitían a esta presunta organización "dar apariencia de opulencia, de poder y de controlarlo todo". Señalan que utilizaban estas cooperativas para copar los puestos de los distintos mercadillos de la provincia "y luego realquilarlos o simplemente cobrar por espacios que en realidad no le correspondían". Desde la representación de estos vendedores gitanos llamados "zamoranos" las empresas "variopintas" permitirían a la supuesta organización dirigida por Sinaí Giménez operar en sectores como la compra-venta de automóviles o de oro "aunque las operaciones detectadas por la Guardia Civil más bien parecen obra de timadores que de empresarios legales", explica el representante legal de los testigos protegidos que declararon ante el juez mediante videoconferencia con la voz distorsionada, Alfredo Iglesias. Señala que este oficio se conoce después del Recurso de Apelación formulado por la defensa de Sinaí Giménez, por lo que no se pudo utilizar para oponerse a la libertad provisional.
Los abogados se encuentran a la espera de los datos que aporten varios registros mercantiles que están siendo consultados también por la Policía Judicial, como el Rexistro de Vendedores Ambulantes de la Xunta, la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. La Guardia Civil también solicitó, el 27 de diciembre, los datos de estas sociedades con los que cuenten los concellos de Vigo, Moaña, Redondela, Sabarís, Barro, Pontevedra y Tui, con mercadillos en los que presuntamente operaban "Los Morones".
