31 de diciembre de 2016
31.12.2016
Enfrentamiento por el futuro gobierno metropolitano

La Xunta se niega a registrar el Área al cuestionar su legalidad y esta ignora el veto: "Vamos a seguir"

Rechaza su alta en el Rexistro de Entidades Locais 29 días después de la asamblea constituyente -Caballero y los tres vicepresidentes defienden su legitimidad y denuncian que el informe autonómico no tiene fundamento jurídico

31.12.2016 | 02:40
La Xunta se niega a registrar el Área al cuestionar su legalidad y esta ignora el veto: "Vamos a seguir"

La Xunta de Galicia no reconoce la existencia del Área Metropolitana de Vigo y contradice de esta forma el criterio de los ocho alcaldes que el jueves participaron en su primera Junta de Gobierno y el de los otros siete municipios del sur de Pontevedra que quieren sumarse al proyecto. La Dirección Xeral de Administración Local rechazó ayer la inscripción del nuevo ente en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia argumentando que "no se dan los presupuestos legales imprescindibles". De esta forma, declara ilegal su constitución el pasado 1 de diciembre mientras no se garantice la integración de Vitrasa en el plan de transporte metropolitano y valora como ilegítimo el nombramiento de Abel Caballero como presidente tras ser votado por siete grupos políticos.

El informe emitido ayer a las 15.13 horas aún no ha sido notificado oficialmente al Concello de Vigo como capital del Área Metropolitana, pero tanto el gobierno vigués como los tres vicepresidentes y alcaldes de Cangas, Moaña y Porriño lanzaron ayer un mensaje de tranquilidad al destacar la "legitimidad" y "legalidad" del organismo. A través de un comunicado, el gobierno vigués rechaza el fondo y las formas del Ejecutivo autonómico y tilda de "incomprensible que una resolución administrativa se arrogue la capacidad de actuar como juez inquisitorial con desprecio de los derechos de los ciudadanos e ignorando la ley".

En contra del criterio de la nueva directora de Administración Local, la viguesa Marta Fernández-Tapias, desde Vigo insisten en que "la constitución del Área Metropolitana es fehaciente y legal y continuará su andadura". Atribuyen la resolución a "una pataleta política de Feijóo y Rueda para intentar frenar el avance de Vigo" y advierten además de que el documento "carece del más mínimo rigor jurídico".

El Concello de Vigo remitió el pasado 5 de diciembre el acta de la sesión constituyente del Área Metropolitana para que la Xunta la registrase oficialmente como una nueva entidad local. A ese escrito no se le dio entrada para tramitarlo hasta el 19 de diciembre y la resolución declarando la "imposibilidad legal de la constitución y puesta efectiva en funcionamiento" del Área de Vigo no se produjo hasta ayer, 25 días después del envío del primer documento.

La resolución se produjo además apenas 24 horas después de que se celebrase en el Rectorado de Areal la primera Junta de Gobierno Metropolitana donde estaban presentes ocho alcaldes que representaban a 401.427 vecinos, el 83% de la población del ente.

Entrada del transporte

La Dirección Xeral de Administración Local se pronuncia casi un mes después de la celebración de la asamblea constituyente para indicar que "la efectiva puesta en funcionamiento del Área requiere la previa integración del transporte urbano de Vigo en el plan metropolitano", asumiendo la tesis del Consello Consultivo de Galicia, que también dejó claro que no advertía "obstáculos jurídicos" para la puesta en funcionamiento del órgano integrado por 14 concellos.

De forma adicional, se rechaza la inscripción del Área de Vigo porque entiende la Dirección Xeral que es "nulo de pleno derecho" el nombramiento del presidente metropolitano al producirse tras la reanudación de la asamblea por parte del secretario de la Mesa de Edad y de Vigo, en una actuación que ven "claramente irregular". La Xunta, al igual que el PP, sostiene que el presidente de la Mesa de Edad, el alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, actuaba en la asamblea del 1 de diciembre como "órgano de gobierno transitorio" cuando decidió suspenderla antes de que se nombrase al presidente. Bajo su criterio, todos los acuerdos adoptados a partir de este momento, como la votación del presidente, carecen de validez.

Se da la circunstancia además de que la solicitud para inscribir el Área la formula su presidente y alcalde de Vigo y argumenta la Xunta que "el solicitante no está legitimado para solicitar la inscripción al no poder reconocérsele su condición de presidente". Dejan la puerta abierta a que pueda convocarse una nueva asamblea para elegir presidente y que esta persona vuelva a solicitar "conforme con la legalidad" el reconocimiento oficial del Área o bien que los alcaldes de PSOE, BNG y Marea que se integraron en el gobierno metropolitano puedan interponer recurso en el plazo de un mes ante el Vicepresidente de la Xunta.

No registrar el Área supone no reconocer las decisiones adoptadas el jueves en la primera reunión de su gobierno orientadas a promover su ampliación a 21 ayuntamientos o diseñar un plan de transporte metropolitano propio con rutas y frecuencias decididas en común por los alcaldes frente al modelo actual dirigido por la Consellería de Infraestructuras.

Pero la lectura que hacen el resto de alcaldes de PSOE, BNG y Marea Metropolitana es radicalmente opuesta. Los ocho alcaldes que se integraron en el gobierno están dispuestos a seguir trabajando y mantienen su calendario con la próxima Junta de Gobierno de enero y la previsión de aprobar en la primera asamblea la incorporación de siete nuevos concellos y un borrador de plan de transporte metropolitano. Insisten en que la resolución de la Dirección Xeral de Administración Local "no tiene ningún efecto práctico" e insisten en que el Área de Vigo está "legal y democráticamente constituida".

El alcalde de Vigo y presidente metropolitano, Abel Caballero, no daba ayer crédito al contenido de la resolución de la Xunta e insistía en que "con esta decisión tanto Núñez Feijóo como Rueda muestran una vez más su animadversión hacia esta ciudad. De nuevo se sitúan en contra de Vigo", les reprochó señalándolos como máximos responsables del contenido del dictamen. "Estamos ante una clara pataleta política", concluyó.

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