24 de diciembre de 2016
24.12.2016

El Gobierno autoriza el gasto de 605.000 euros para indemnizar a los antiguos dueños del archipiélago de Ons

El dinero sale del Fondo de Contigencia

24.12.2016 | 03:19
Una vista de la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas. // Gonzalo Núñez

El penúltimo Consejo de Ministros del año 2016 dio por fin vía libre al pago de la indemnización a los antiguos propietarios del archipiélago de Ons. En la reunión de ayer el Gobierno autorizó el crédito de 605.601 euros para compensar a los herederos de Manuel Riobó puesto que nunca se llegó a destinar la isla para el uso con el que inicialmente fue expropiada por el entonces Ministerio del Ejército. Con el acuerdo de ayer se da el primer paso efectivo para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, que data del mes de febrero.

El prolongado periodo en el que el Gobierno estuvo en funciones ha demorado este proceso. Como todavía no están aprobados los presupuestos generales para el año 2017 el dinero procede del Fondo de Contigencia, tal como consta en la referencia del Consejo de Ministros de ayer.

Esto implica que se autoriza un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con el que a su vez se financiará al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo. Cuando se abone esa cuantía se cerraría definitivamente un pleito que se inició hace ya 20 años, un periodo con varios pronunciamientos judiciales y recursos legales hasta llegar a este punto.

Compensación, no devolución

En un primer momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó a dictar que cabía la devolución de la isla a los herederos de sus propietarios, un fallo que fue recurrido por la Xunta y el Estado y que luego fue enmendado por el Tribunal Supremo, en noviembre de 2005. El alto tribunal sentenció que no cabía la devolución del archipiélago, que desde el año 2002 forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, pero que sí se debía indemnizar a los herederos de los Riobó. El pretexto con el que se expropió la isla, a principios de la década de 1940, fue la construcción de una base militar, algo que nunca se llegó a materializar. Por eso el Supremo obligó al Estado a compensar a los Riobó.

A partir de entonces se abrió una segunda fase en este proceso judicial, tan larga y complicada como la primera. La ley establece que estos casos se debe indemnizar a los antiguos propietarios con un 5% del valor del bien expropiado. La disputa judicial se centró en cómo debería tasarse la isla: el Estado pretendía que fuese a la baja y los herederos más alta, para que al menos supusiera una indemnización de 1,1 millones de euros. Al final, los tribunales dio por buena la valoración de 12,1 millones del Estado, que significan una compensación de 605.600 euros para los Riobó.

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