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Bueu ultima un plan económico para ahorrar 300.000 euros por incumplir la regla de gasto

La Xunta reclama al Concello la aprobación de este instrumento por un incumplimiento del año 2014 -El documento recoge cuatro medidas, entre ellas la supresión del IMD

El plan de saneamiento se llevará al próximo pleno de la corporación. // Santos Álvarez

Los servicios técnicos municipales y la Concellería de Facenda de Bueu están inmersos en la elaboración de los presupuestos municipales de 2017, que según las primeras estimaciones tendrán un balance de ingresos y gastos en torno a los 5,6 millones de euros. La redacción del documento económico está condicionada por una imposición de la Xunta de Galicia, que reclama al ayuntamiento la aprobación de un plan de saneamiento económico-financiero para ahorrar entre 300.000 y 350.000 euros. La exigencia se debe a que el consistorio incumplió en el año 2014 lo estipulado en la regla de gasto que se incluía en el plan de ajuste aprobado en 2012. Esta reclamación no parece preocupar en el seno del gobierno local, que ayer defendió su gestión: "Sempre mostramos a nosa disconformidade coa política financeira imposta polo Estado e por parte do Concello optouse por non recortar las dotacións destinadas a políticas sociais", defienden el alcalde y su edil de Facenda, Félix Juncal y José García Cuervo.

El plan de saneamiento que insta la Xunta debería ser bianual, para el periodo 2016-2017, pero el ejercicio actual está ya a punto de expirar. Ese documento se presentará el miércoles en una sesión de la comisión informativa de Facenda y Especial de Contas y a continuación se llevará a pleno.

García Cuervo avanza las cuatro líneas maestras sobre las que se sostiene el plan. La primera es una reducción de 120.000 euros en apartado de gasto corriente incluido en el Capítulo II de los presupuestos, que básicamente se prevé que proceda del ahorro en consumo energético por la instalación de tecnología LED. La segunda se concentra en el Capítulo IV, donde el ahorro será superior a los 100.000 euros porque desaparecerá la partida de 66.000 euros que se pagó este año al Concello de Cangas por la sentencia judicial sobre la retención de fondos del Instituto de Crédito Oficial por la deuda de la Macomunidade con Isolux Corsán. La cuantía restante se pretende ahorrar con el aumento del padrón de la basura y las compensaciones solicitadas a Sogama por el uso de la planta de transferencia. La tercera línea será una reducción de 135.000 euros en el capítulo de inversiones sufragadas con recursos propios del Concello, una minoración que se espera contrarrestar con las ayudas y subvenciones procedentes de otras administraciones. Una de las más importantes es el Plan Concellos de la Diputación, que en 2017 viene dotado con cerca de 66.000 euros más. La última de las medidas plasmadas en ese plan económico-financiero es la supresión del Instituto Municipal dos Deportes (IMD), creado durante el primer mandato del BNG.

Las conclusiones de este plan ya aparecen reflejadas en el documento de presupuestos para 2017 en el que se trabaja, aún en fase de borrador, que contemplan unos gastos e ingresos de 5,6 millones de euros. Esto significa una reducción de 1,1 millones con respecto al aprobado para este año, de 6,7 millones de euros. Juncal y García Cuervo defienden que las cuentas de 2016 estaban concebidas desde el primer momento para un año " de transición" y "sobredimensionadas" porque se incluía una partida superior a los 800.000 euros para el reconocimiento extrajudicial de deuda. "Era un problema estrutural que tiña o Concello, que se viña arrastrando dende hai anos e que quedará solventado en gran medida", argumentan. Cuervo estima que la cuantía pendiente de reconocer al acabar 2016 será, como mínimo, un 50% inferior a la del año pasado.

En lo que respecta al capítulo de ingresos, éste también se verá minorado porque una buena parte de los 640.000 euros del expediente de regularización catastral se han ingresado a lo largo de este año. A ello hay que unir la minoración en la recuadación del IBI por la rebaja del tipo impositivo, que ya se empezó a aplicar en 2016.

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