La Corporación de Cangas aprobó ayer, con los únicos votos a favor de los concejales del gobierno, las nuevas tarifas del agua tras un período de 30 días de exposición pública y alegaciones, que fueron rechazadas El afán del tripartito en "normalizar" la situación y poder aplicar desde el 1 de enero los nuevos recibos se encontró con los reparos del PP, que optó por abstenerse con la fórmula de no entrar en votación, mientras que el PSOE se posicionó en contra y Cangas Decide no participó en la sesión al encontrarse "de viaje" su concejal, José Luis Gestido. En los próximos días, el anuncio de la aprobación se publicará en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y se notificará a la concesionaria para que pueda presentar los padrones que el Concello debe fiscalizar antes de pasarlos al cobro desde enero de 2017.

Los populares, a través de su portavoz para asuntos económicos, Pío Millán, volvieron a insistir en el desfase de dos años entre las fechas de entrada en vigor de las nuevas tarifas (enero de 2017) y el que figura en el informe municipal que justifica el sostenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión (enero de 2015), motivo suficiente, en su opinión, para echar abajo las previsiones que maneja el Concello y que mermará las ganancias de la empresa y da alas a futuras reclamaciones. Pidieron retirar el asunto y consensuar una postura común, oferta rechazada por el ejecutivo. Los socialistas, por boca de Alfredo Iglesias, pidieron una revisión exhaustiva del pliego de condiciones y una auditoría sobre que constate los incumplimientos de la empresa como medidas de presión, aunque no logró una repercusión práctica.

El alcalde, Xosé Manuel Pazos, y el concejal de Facenda, Mariano Abalo, abundaron en que el contrato fue firmado por el anterior gobierno, del PP, no deja otro margen de maniobra, aunque destacaron que las inversiones comprometidas, de 3,5 millones de euros, no se van a reducir. La edil de Servizos, Mercedes Giráldez, también reconoció que las tarifas aprobadas no son las que le gustarían al BNG, pero no tienen otra opción mejor. Abalo invitó a la oposición a proponer alternativas, incluso las de recuperar las tarifas de 2014 o de romper el contrato y municipalizar el servicio, aunque nadie le siguió por esa senda.

Los responsables municipales también anunciaron que la UTE Gestión Cangas (Aqualia y Civis Global) tiene expedientes abiertos por incumplir el contrato y que la concesión del servicio no es un tema cerrado, aunque lo que urge ahora es darle una salida a la situación de provisionalidad.