25 de noviembre de 2016
25.11.2016
"Operación Vida"

Marino, primer hermano de Sinaí Giménez que queda en libertad por su problema de obesidad

El juez tomó la decisión en contra del criterio de la fiscalía y el visto bueno del letrado de los testigos zamoranos. Afirma que existe cierto peligro de fuga, pero también arraigo y "parece haber desaparecido el riesgo de extorsión a los ambulantes"

25.11.2016 | 18:48
Marino Giménez, trasladado por la Guardia Civil al juzgado de Cangas para declarar. // Gonzalo Núñez

En contra de la opinión del fiscal, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, David Pérez Laya, dejó en libertad provisional, con obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuese llamado a declarar, a Marino Giménez, hermano del autoproclamado príncipe de los gitanos, Sinaí Giménez, del clan de los Morones. Permanecía en la cárcel de Teixeiro desde el mes de mayo, donde ingresó tras ser detenido en la Operación Vida contra la presunta extorsión en mercadillos.

Entró con 310 kilos de peso, y para su libertad fue fundamental el informe forense que llegó al juzgado esta misma semana, aunque el juez en su auto considera "otra circunstancia más que debemos tener en cuenta". En el informe se hacía mención a que Marino Giménez padecía de obesidad mórbida, "con problemas secundarios de esta patología: apnea del sueño con necesidad de supervisión y control para su higiene, dormir y, sobre todo, debe acudir a un servicio de endocrinología o medicina interna para valorar el tratamiento adecuado. En el centro penitenciario podría estar siempre y cuando existan los medios adecuados para la supervisión y control de su enfermedad por los servicios, además de tratamiento y dietas adecuadas. Marino Giménez está acusado, entre otros delitos, de pertenecer a banda organizada, blanqueo de capitales, amenazas y tráfico de drogas y extorsión.

El juez David Pérez Laya señala, en el auto de libertad dictado ayer, que existe cierto riesgo de que Marino Giménez eluda la acción de la justicia por la pena que en su día puede imponérsele por la comisión de los delitos mencionados, que lleva aparejada una condena de hasta cinco o seis años de prisión, "pero la instrucción de la causa, dados los hechos investigados, se prevé de relativa complejidad y duración. Este hecho, unido a que el investigado cuenta con arraigo familiar, ya que convive con su pareja y sus padres y hermanos también parece que viven en la misma localidad, hace que consideremos menor el riesgo de que eluda la acción de la justicia".

David Pérez Laya señala que con la prisión provisional se pretendía cumplir era la existencia de un riesgo objetivo de reiteración delictiva, ya que existen indicios, bastantes de que el investigado ha cometido los delitos referidos, "lo que hace pensar que esta actividad ilícita es frecuente en su vida hasta el punto de formar parte de su modus vivendi, pero dado el tiempo transcurrido desde que se acordó la prisión provisional y el hecho de que los denominados zamoranos haya formado una cooperativa a través de la cual parece que la mayoría desarrolla su trabajo reduce la posibilidad de que continúe existiendo, de ser cierto, el mismo grado de extorsión y/o coacción que venía ejerciendo sobre los demás vendedores ambulantes.

Asegura el juez Pérez Laya que otra de las principales finalidades que se perseguían con la prisión provisional era evitar que el investigado pudiese actuar contra la vida o la integridad física de los denominados "zamoranos" como así parece que venían haciendo los miembros de la organización "a la que pertenece de forma indiciaria y más tras las declaraciones de los testigos y contra la integridad física, pero el hecho de que la representación de los testigos/perjudicados no se oponga a la libertad del investigado hace pensar que ha disminuido o desaparecido el riego. Pero si el letrado de los testigos/perjudicados, Alfredo Iglesias, no se opuso a la libertad provisional de Marino Giménez Jiménez, el fiscal sí. Considera que tras ver el informe médico forense, "no se constata la existencia de peligro grave para la salud del investigado, de modo que aunque no lo solicita expresamente no se daría el presupuesto que habilitaría para adoptar la modalidad de prisión provisional domiciliaria prevista en artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

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