El Concello de Cangas dispondrá en los próximos días de una asesoría jurídica para ayudar a los vecinos que han presentado alegaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tras la reciente regularización catastral y que, previsiblemente, recibirán respuesta a corto plazo. Los representantes municipales dan por hecho que la mayoría de ellas serán negativas, lo que abriría la vía a la presentación de recursos para la que necesitarían asesoramiento especializado. De ello, y de cualquier gestión relacionada con este asunto, se encargará el despacho del abogado Juan Antonio Sardina Páramo, que atenderá desde mañana a los afectados tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) de 11.00 a 14.00 horas en una oficina habilitada en el departamento de Urbanismo. El contrato con el Concello, que se hará cargo de los gastos ocasionados por este servicio, tiene un mes y medio de duración, aunque ese plazo es "prorrogable", afirma el alcalde, Xosé Manuel Pazos.

El Concello ha encargado un modelo de recurso que se entregará a todos los solicitantes, aunque reconoce que la casuística difiere en algunos casos y la asesoría jurídica ayudará a desarrollarlo según esas peculiaridades. El regidor incide en que ningún afectado "deixará de ver protexidos os seus dereitos" por parte de la Administración local en un asunto que ha generado una gran contestación social, en muchos casos debido a errores en la identificación de los bienes inmuebles. El Organismo de Recaudación da Administración Local (ORAL) recibió 90 peticiones de suspensión del cobro del IBI al no haber contestado el Catastro las alegaciones y advertir el alcalde que ese proceder no es legítimo, ordenando paralizarlo hasta que las respuestas se formalicen.

"Se esas respostas son positivas para os alegantes e danse por satisfeitos, o tema quedará resolto", señala Pazos, aunque duda de que vaya a ser así y por eso ha formalizado la contratación de una asesoría especializada en esta materia. Cabe la posibilidad de que algunas personas se añadan a esa lista, aunque desde el Concello estiman que no se rebasará el centenar de casos a tramitar.

El gobierno local ya puso a disposición de los vecinos modelos de instancia para paralizar el cobro del IBI, pero el alcalde ordenó finalmente al ORAL que no obligara a pagar a las personas a las que el Catastro no respondió a sus alegaciones. Según datos municipales, de los 4.000 afectados por la regularización catastral (que tenían sin dar de alta algún inmueble o reforma), solo 217 presentaron problemas.