Funcionarios del juzgado de Cangas han sufrido en los últimos días robos de dinero en sus puestos de trabajo. Al menos se registraron dos casos de dos trabajadoras en días alternos, por lo que no descartan que se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza. Así lo denuncian desde el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), que reclama la "dotación inmediata de medidas urgentes de protección" a los trabajadores de este juzgado.
Entre las demandas laborales el sindicato reclama que se dote de escáner de control a todas las dependencias judiciales y que se vuelvan a completar las plantillas del cuerpo de seguridad.
A nivel general piden que en los juzgados de las grandes ciudades se doten de uno o varios policías con dedicación exclusiva para vigilar a los trabajadores, especialmente en los juzgados de instrucción y oficinas penales. Por último, piden que cada mesa de funcionarios cuente con un botón de emergencia que comunique directamente con la Policía para que, ante cualquier circunstancia potencialmente peligrosa, los agentes puedan acudir de forma inmediata para solucionar cualquier conflicto.
Los trabajadores recuerdan que a los juzgados acuden generalmente "ciudadanos con multitud de problemas, desde personas que tras la crisis han caído en un estado de desesperación, pasando por delincuentes con antecedentes penales hasta personas con síndrome de abstinencia". Señalan que por ello es común encontrarse con trifulcas y agresiones verbales que incluso podrían derivar en agresiones físicas.
Aseguran que los robos ocurridos en Cangas y los desagradables sucesos en los juzgados de Vigo demuestran la "inseguridad" que sufren los funcionarios de la Administración de Justicia y apuntan que algunos trámites burocráticos son "una jugada a la ruleta rusa, pues nunca sabes lo que puede ocurrir".
Modernización
Insisten en la falta de medios y medidas efectivas de seguridad, sobre todo en los juzgados sin escáner que permita llevar un control riguroso del acceso de las personas que entran en las dependencias judiciales.
Desde el sindicato de funcionarios de esta administración insisten en que la Xunta no puede "escatimar en medidas de seguridad" y aseguran que no se puede hablar de modernización de la Justicia cuando hay otros aspectos prioritarios "como es la vida y seguridad de los trabajadores".
