El portavoz de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) no está dispuesto a pasar una más. Su grupo se reserva el derecho de presentar las mociones que quiera sin necesidad de alcanzar antes un acuerdo con sus socios de gobierno. "ACE advierte que se reserva o dereito a levar adiante suas propias resolucións tanto por coherencia como por obligado cumprimento do programa do goberno, que son comúns e de esquerdas, ou polo contrario volver a época nefasta que provocou rupturas de goberno por prácticas de política de dereita", señala Abalo.
El portavoz de ACE está molesto con el BNG y también con Asemblea pola Unidade (ASpUN). Con los primeros por revelar la contrapopuesta a la moción que ACE presentaba para que el Concello de Cangas se retirara del caso que se juzgará a partir del día 7 de noviembre relacionado con la propiedad de los montes de Aldán. Y no solo por revelarla antes de negociar, sino por realizar manifestaciones al respecto. Con ASpUN por oponerse también a la moción de ACE en la reunión del gobierno y favorecer así que el alcalde leyera una resolución a favor de que los montes de Aldán pasaran a ser propiedad de los vecinos de Aldán. El BNG había procurado este sistema porque entendía que el Concello no podía ir en contra de los intereses municipales, y en este conflicto los tiene, como son los terrenos donde se ubica la planta transformadora de A Portela. ASpUN atendió a los técnicos y hizo de menos la moción de ACE. Por eso señala Mariano Abalo que dentro del gobierno no puede reinar la confusión ni los argumentos engañosos (en clara alusión a sus socios).
También quiere dejar claro que su moción no iba en contra de los intereses del Concello, lo sería si no defendiera la devolución de los montes a sus legítimos propietarios. Añade que ir en contra de los interés municipales sería no facilitar que se desenmascare la especulación y la nulidad de un convenio urbanístico producto, según señala, de "mafias urbanísticas". Por último, manifiesta que le consta a él y a los suyos que los vecinos de Aldán no tienen interés alguno en perjudicar los intereses del Concello, porque su enemigo " é o PP e Promalar".
Abalo espera que el juicio de la razón a los vecinos y así comenzar una lucha para declarar ilegal el convenio urbanístico que en su día firmó el Concello de Cangas con Promalar para construir viviendas y que no se llevó a cabo, por lo que ahora hay que pagar a la empresa la cantidad de un millón de euros, según señala una sentencia firme que ya se ejecutó.
