En un escrito fechado el pasado 29 de septiembre, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, solicitaba al gerente del ORAL, Miguel Santirso, que diera "as ordes oportunas e cautelarmente paralice o cobro do IBI" en aquellos casos en los que le conste la existencia de alegaciones o recursos, excepto los que ya fueran resueltos previamente por el órgano competente. El regidor cumplía el mandato plenario del 12 de septiembre, recuerda ahora el concejal de Urbanismo e Facenda, Mariano Abalo, quien rechaza así las críticas del PP sobre la falta de diligencia municipal y sobre su supuesta demora en recordar que se puede pedir el impago del IBI.

Abalo incide en que aquel acuerdo plenario, por unanimidad de los grupos políticos, ya es un paso relevante para que el ORAL actúe, y añade que el gobierno local también ha realizado gestiones ante el Catastro, encontrándose su negativa a comunicarles las alegaciones. Dice que quien tiene capacidad para resolver este asunto es el gobierno central y que el PP de Cangas también tiene buena parte de culpa por acogerse, en diciembre de 2014, a una subida "espectacular" del valor catastral. "E agora aínda se atreven a criticar os erros detectados", añade el edil, que reprocha a Soliño que "estea protexendo actuacións irregulares".

Avisa que no se pueden pasar al cobro expedientes en los que no se han respondido las alegaciones, anima a los vecinos a "cumplimentar e presentar as instancias" y advierte que se están "revisando as alegacións non respostadas de forma non admisible" y que el Concello asesorará a los vecinos en la defensa de sus derechos.