Fuentes de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria) manifestaron ayer que su intención no es eludir sus responsabilidades respecto a los dos chalés de su propiedad que hay en Darbo y sobre los que pesa una orden de derribo por parte del Concello de Cangas, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ahora mismo la Sareb está pagando cada tres meses multas coercitivas de mil euros, que se pueden incrementar a 3.000 euros si no obedece la orden de derribo.

Esas mismas fuentes recuerdan que la Sareb no ejecutó ningún tipo de obras, que son compradores de buena fe y que en estos momentos están estudiando las soluciones legales posibles para tomar una decisión al respecto, pero que no hay intención alguna de desobedecer al Concello de Cangas ni a los tribunales de justicia. "Tenemos que defender nuestros interés y el de los contribuyentes por eso vamos a estudiar detenidamente esta cuestión que vino heredada", explican, al tiempo que precisan que la Sareb es una sociedad con capital público (un 45% en manos del FROB) y un 55% de accionistas privados (principalmente los bancos). Es cierto que es algo que la Sareb recibió en herencia. Los chalés situados en Ramal Paraíso, número 8, en Darbo, fueron construidos por Promociones Xucaba y ya en fecha de 30 de enero de 2012 se ordenó la demolición por no ajustarse a la licencia concedida y después pasó a estar en manos de NGC División Grupo Inmobiliario S.L. y más tarde acabó en la Sareb.

Afirman estas fuentes de la Sareb que no se trata de pagar la multa coercitiva y pasar, nada más lejos. Se insiste en que se están estudiando todas las opciones legales y después la Sareb actuará. También se recuerda que la demolición de los chalés requiere un proyecto y tiene un coste económico.

Precisamente por el dinero que cuesta derribar las dos edificaciones declaradas ilegales es lo que impide que el Concello de Cangas hubiese actuado ya de forma subsidiaria, es decir que procediera a su demolición y después pasara la factura correspondiente a la Sareb. Claro que el juez que lleva la causa siempre podría ordenar la Concello que actuara de esa manera. Es algo que el actual gobierno local quiere evitar. No está dispuesto a adelantar su dinero a la Sareb, que maneja más recursos que un Concello de las características de Cangas.

El Concello de Cangas también tiene pendiente resolver la demolición de gran parte del edificio Noria 2, declarado también ilegal y sobre el que pesa también una sentencia firme. De momento se están evitando las multas coercitivas.