La oposición no respalda la modificación de tarifas del agua del tripartito, que la aprueba en solitario

PP y Cangas Decide se abstuvieron y el PSOE votó en contra en el pleno de ayer -Reprochan al gobierno que actúe de forma unilateral, sin acuerdo con la concesionaria -Avisan de una posible indemnización millonaria a la empresa

08.10.2016 | 04:54

Los tres grupos que forman el gobierno tripartito de Cangas fueron incapaces del convencer a la oposición de que su propuesta de modificación de tarifas del agua es la mejor de las opciones posibles, por lo que ese punto se aprobó en el pleno de ayer con los únicos apoyos de ACE, BNG y Asemblea. Tras una batería de reproches desde el inicio del debate, el PSdeG-PSOE votó en contra, Cangas Decide se abstuvo y el PP optó por no entrar en votación, que tiene los mismos efectos prácticos. Y también hubo coincidencia en los reproches: Propuesta unilateral en base a un informe externo de dudoso rigor, falta de acuerdo con la concesionaria y el consiguiente riesgo de demanda e indemnización millonaria que recaería en todos los cangueses fueron los más repetidos, mientras los proponentes abundaron en que las nuevas tarifas mejoran las firmadas en 2014 por el PP, no están condicionadas a una merma en las inversiones comprometidas para la mejora de infraestructuras y servicios y cuentan con respaldo técnico externo y del propio Concello.

En la sesión, con apenas una treintena de personas entre el público que no airearon sus pareceres y en la que ni BNG ni Asemblea pidieron la palabra para hablar de este asunto, fue el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), el encargado de explicar las bondades de su propuesta, que "mellora o asinado no seu día" por el gobierno anterior y debe suponer un "punto de arranque" para defenderse ante las probables reclamaciones de la empresa concesionaria. El socialista Alfredo Iglesias lo da por hecho, cree que, además de la modificación unilateral de las tarifas, las carencias del propio informe de Emalcsa -la empresa municipal de aguas de A Coruña que lo emitió a petición de Abalo- da pie a ello y además el conjunto de Intervención y Secretaría advierte explicitamente de ese riesgo. "Pídolles que retiren a proposta e que nos reunamos para intentar remendar esta desfeita", reclamó el portavoz del PSOE.

El siguiente grupo en ir a la carga fue el PP, que, a través de su concejal Pío Millán, empezó por interrogar al gobierno sobre los costes del informe de evaluación del equilibrio financiero encargado a Emalcsa y por solicitar copia del acuerdo de colaboración con el Concello de A Coruña para elaborarlo, así como un resumen de las negociaciones mantenidas con la concesionaria del servicio, la UTE Gestión Cangas, para buscar un acuerdo sobre las tarifas. Luego, el edil popular desgranó otros reproches, como la ocultación de información a los grupos ajenos al gobierno o las deficiencias técnicas de la propuesta, como que se calcule los ingresos previstos desde el año 2015, cuando las nuevas tarifas no se aplicarían hasta 2017, un desfase que cifra en 400.000 euros de perjuicio para la empresa. La estimación de una subida del 2% anual del IPC, el cobro de un recibo mínimo fijo aunque no se consuma agua (en contra de lo acordado) o la aplicación de precios distintos al suministro doméstico e industrial tampoco cuentan con el favor del PP.

El alcalde intervino para intentar reconducir el debate y advirtió que a la gente no le interesan las "películas" del PP, sino "saber canto pagaban con vostedes no goberno e canto pagarán agora", y los retó a debatir en una asamblea pública, con los datos en la mano. También argumentó que si el gobierno no llegó a un acuerdo con la concesionaria del servicio es porque esta "queren cobrar o que vostedes lle firmaron por 25 anos" por ser el contrato más afín a los intereses de la empresa. El "plan B" de los populares, añadió, era reducir las tarifas a cambio de renunciar a inversiones, a lo que el tripartito se niega.

Futuro hipotecado

El portavoz de Cangas Decide, José Luis Gestido, calificó de "espectáculo bochornoso" el escenificado por el gobierno, al que acusó de ocultarles documentación en todo el proceso y hasta las vísperas del debate plenario, y avisó que la supuesta bajada de tarifas no puede ir a cargo de un "grave incumplimiento del contrato" que tendría "nefastas consecuencias" en el futuro, si el Concello es condenado a pagar una indemnización que recaería en todos los cangueses.

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