El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, (ACE) sigue avanzando en los pasos para contratar la anunciada auditoría de la plantilla de Cangas. Ayer se reunió con una empresa, de la que el responsable es un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y que traía el aval de haber realizado la Relación de Puestos de Trabajo en Bueu y también en Tomiño.

El de Cangas no es un problema salarial, es problema de regularización de la plantilla. A simple vista, aparecen hoy en día departamentos sobredimensionados y otros infradimensionados, adecuar el personal a las necesidades del servicio es lo que se pretende con este trabajo, que se pone cada vez más difícil, ya que una de las condiciones que estableció el gobierno de Cangas en la época del Partido Popular en el plan de ajuste fue amortizar las jubilaciones. El gobierno podría cambiar esta opción, pero tendría que compensarla. Y entre subir más los impuestos y la amortizaciones prefirió, como dejó claro ayer el alcalde, las amortizaciones.

En este sentido, señalar que en los últimos dos años se produjeron alrededor de doce jubilaciones, pero el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, está convencido de que el problema grande se producirá en los próximos dos años, donde hay numerosas jubilaciones previstas. Menos personal para los mismos servicios o más. No es fácil de conjugar la amortización de plazas con mantener en perfectas condiciones los servicios que presta la administración local, a la que se le piden más esfuerzos.

Lo que el alcalde de Cangas quiere es rentabilizar la plantilla al máximo ante los problemas que llegan. También se desveló ayer en las a conversaciones que el regidor local tuvo con el empresario que el convenio colectivo del Concello de Cangas data del año 1993. Otro de los asuntos que debe solventar la empresa que al final se haga cargo de la auditoría son los tipos de contrato que hay en el Concello de Cangas. Están los funcionarios, el personal laboral fijo que firmó el laudo, los eventuales... Aclarar un poco todo esto es fundamental para los próximo años. No hay que olvidar que también hay personal fijo como consecuencia de la sentencias judiciales.

Por trabajos similares, el alcalde calcula que el Concello tendrá que destinar a esta auditoría entre 15.000 y 20.000 euros. Ahora mismo, el Concello de Cangas tiene a dos empresas interesadas en realizar el trabajo; a la tercera que se invitó todavía no contestó.