El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cangas do Morrazo acordó ayer inhibirse en el conocimiento de la causa contra los tres jóvenes cangueses detenidos en julio por incitar presuntamente al odio y a la violencia a través de las redes sociales, según señalan fuentes de la investigación. Pasarán a ser juzgados por la Audiencia Nacional. Uno de los detenidos fue el concejal de Xuventude e Voluntariado de Cangas Andrés García Bastón. El Ministerio Fiscal había solicitado el miércoles este traslado del caso, según explica el propio edil.
En el auto, la jueza de primera instancia señala que del examen de los mensajes e imágenes publicados en los perfiles de Facebook y Twitter del concejal y de los otros dos jóvenes "se desprenden indicios de criminalidad de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y vejación a las víctimas de ETA". Todo ello sin perjuicio de ulterior calificación, cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal.
Por todo ello, la jueza procede a acordar la inhibición en el conocimiento de esta causa a favor del Juzgado Central de Instrucción Decano de los de la Audiencia Nacional. A este órgano se remitirá el testimonio de las actuaciones junto con sus piezas, objetos, efectos y el dinero ocupados e intervenidos durante las detenciones.
Los acusados pueden impugnar esta decisión mediante un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación, o mediante un recurso de apelación en un plazo de cinco días.
El concejal del equipo de gobierno cangués todavía no había sido notificado ayer de esta decisión. Se limitó a explicar que el asunto lo lleva su abogado, que decidirá si se recurre o no la decisión.
Los arrestos se remontan al pasado 13 de julio por la mañana. Tanto Andrés García Bastón como los otros dos jóvenes cangueses fueron puestos en libertad a primera hora de la tarde. El edil llegó a participar esa misma tarde en una concentración contra la denominada Ley Mordaza. Su detención se había producido en un negocio familiar en Vilariño.
Entre los posts y tuits que llevaron a las detenciones se encuentran publicaciones en las que supuestamente se mofaban del asesinato de Isabel Carrasco o se amenazaba presuntamente a la presidenta de la Asociación Galicia Bilingüe, Gloria Lago. Una imagen de Lago rodeada de una diana y el texto "Pum, Pum, Pum", es lo que llevó a abrir una investigación, además del texto: "Consello para os da bomba de Beade: A próxima vez, debaixo do coche, que é máis efectivo".
Criminalización
La propia presidenta del colectivo contrario a la normalización del gallego en el ámbito de la educación se personó como acusación y este jueves declaró ante el juez de instrucción de Cangas. Estaba previsto que prestase declaración también el propio concejal acusado, aunque a última hora se anuló la misma. El edil acudió igualmente al juzgado para designar a su abogado.
Desde Alternativa Canguesa de Esquerda (ACE) emitieron ayer un comunicado en apoyo a su concejal. Además de desmentir sus declaraciones en los juzgados de esta semana entienden que la difusión, a dos días de unas elecciones, de que su causa se deriva a la Audiencia Nacional es una "instrumentalización da información, dos corpos policiais do Estado e das institucións xudiciais" para hacer más eficaz la "campaña mediática" del Ministro del Interior.
Desde ACE sostienen que con esta decisión se persiguen dos objetivos. Por un lado la aplicación de la "criminal Ley Mordaza do ministro franquista Fernández Díaz, que pretende criminalizar á mocidade máis consciente". Por otro, la formación entiende que se trata de un proceso político para "prexudicar electoralmente á formación política que máis opcións ten de derrotar ás políticas criminais e antisociais do PP".
