Más de un año de negociaciones entre el Concello de Cangas y la concesionaria del servicio del ciclo integral de agua no han servido para llegar a un acuerdo sobre la reducción de tarifas que exige el tripartito y a la que se había comprometido ante los electores tras culpar al PP de la situación. Agotada la vía del diálogo y amparado en un "informe de avaliación de equilibrio económico" encargado a la empresa municipal de aguas de A Coruña (Emalcsa), el ejecutivo ha decidido dar el paso de forma unilateral y llevará al próximo Pleno una modificación que, según asegura, reducirá la factura del agua a miles del familias sin renunciar por ello a las inversiones en abastecimiento y saneamiento comprometidas por la UTE Gestión Cangas en el contrato de explotación por 25 años. El gobierno cangués también maneja un informe conjunto de Secretaría e Intervención -del que ayer entregó copia a los grupos de oposición- que avalaría, con matices, su propuesta, aunque advierte que existe "a posibilidade de que o Concello teña que facer fronte a indemnizacións pola redución dos ingresos comprometidos por mor da modificación unilateral da tarifa".
La concesionaria, la UTE formada por Aqualia y Civis Global, ya avisó que no está dispuesta a rebajar sin contrapartidas las tarifas acordadas con el Concello y se aferra al contrato, por lo que el asunto podría acabar en los tribunales de justicia. La empresa desconsidera el informe de Emalcsa encargado por el edil de Facenda, Mariano Abalo, en el que se advierte cierto margen de maniobra para ajustar las tarifas, duda de los datos utilizados para llegar a esa conclusión y concluye que el modelo tarifario propuesto sería inviable, por lo que no está dispuesta a aceptarlo.
Las intenciones municipales fueron comunicadas a la oposición en la junta de portavoces para fijar el orden del día del próximo Pleno, pero la reunión fue breve y no se entró en debate sobre el fondo del asunto. Los representantes del PP, PSOE y Cangas Decide recibieron duplicados de los informes de Emalcsa y del elaborado conjuntamente por Intervención y Secretaría, que aún deben "analizar". Este último advierte de la "modificación dun elemento esencial do contrato, do seu prezo, unilateralmente por parte do Concello de Cangas", y que el incumplimiento del compromiso "habilita á outra parte para [...] recabar a tutela dos órganos xudiciais", aunque también que el Código Civil ampara a la Administración en su defensa del interés público.
Una de las cláusulas del contrato del agua de Cangas establece la posibilidad de que el Concello pueda "alterar a forma de retribución da concesionaria", aunque los técnicos matizan que está "na obriga de manter o equilibrio financeiro da concesión, para o cal compensará á concesionaria economicamente por razón das modificacións que lle ordenase introducir no servizo e que incrementasen os custes ou disminuísen a retribución". Secretaría e Intervención concluyen que, de acuerdo con las tarifas propuestas, "obtense unha redución dos ingresos no exercicio 2015 de 95.967 euros, de 98.447 euros no 2016, e así sucesivamente", por lo que habría que tener en cuenta esa cláusula "a efectos de determinar a posibilidade de que o Concello teña que facer fronte a indemnizacións pola redución dos ingresos comprometidos por mor la modificación unitateral da tarifa".
Emalcsa elaboró una tabla plurianual que arrojaría un déficit a la concesionaria en los diez primeros años, logrando equilibrar ingresos y gastos en 2026 y obteniendo desde ese ejercicio superávit, que sería de alrededor de 100.000 euros en el año 2033 y de más de 200.000 euros en el horizonte de 2039, cuando finaliza el contrato. El tripartito se ampara en esos datos para la reducción de tarifas que irá a Pleno.
