El nuevo curso político arranca caliente en el Concello de Bueu. Todo a pesar de que el orden del día del pleno de ayer era de lo más insulso, con un orden del día que incluía solo daciones de cuenta. La salsa, como ya es habitual, llegó en el turno de ruegos y preguntas, quizás también por la cercanía de las elecciones del próximo domingo. El grupo municipal de ACB-SON Bueu lanzó un órdago al grupo municipal de gobierno, al que amenaza con llevar ante la Fiscalía si no regulariza antes de final de año las cesiones de terreno de la senda del río Bispo. "Xa que non podemos pedir informes da secretaria municipal acudiremos a Fiscalía para que decida se o que se fixo é legal ou se existe prevaricación", afirma el portavoz de ACB, Julio Villanueva.

El grupo de la oposición pone el foco en como se realizaron las cesiones, que fue de manera verbal y sin ningún documento por medio, asegura Villanueva. "O que pedimos é que asine un contrato de cesión de uso dos terreos con cada un dos propietarios implicados", argumenta el concejal. Para ello en la sesión plenaria de ayer incluso entregó una propuesta de acuerdo marco para agilizar los trámites desde los servicios técnicos municipales.

El malestar viene dado por el hecho de que ACB-SON ya llevó este asunto a pleno hace meses, donde se acordó por unanimidad iniciar los trámites para regularizar la situación. "O problema é que non se fixo nada e sentimos que se está menosprezando á oposición, que nin sequera temos a posibilidade de solicitar informes aos técnicos municipais. Nós pensamos que non é legal acometer con cartos municipais unhas obras en terreos sobre os cales o Concello non ten cedido o seu uso", sostiene Julio Villanueva. El edil también advierte de una hipotética falta de seguridad jurídica en caso de accidente. "Quen se fai cargo en caso de que alguén teña alí un percance ou unha caída", pregunta el portavoz de ACB SON.

La propuesta de acuerdo marco presentada ayer en el pleno está integrada por diez puntos, entre los que se incluye que el "Concello asume todas as responsabilidades por danos ocasionados a persoas ou cousas deerivados da construcción, conservación, mantemento e uso das instalacións" o que "a superficie cedida non supón en momento algún titularidade a favor do Concello".

ACB-SON pone incluso fecha a sus reclamaciones y urge que la situación se regularice antes de concluir el presente año. "En caso contrario acudiremos á Fiscalía para que determine se é legal ou non", avanza Julio Villanueva. La pretensión de acudir al ministerio público se sustenta en que entre los tres grupos de la oposición municipal no reúnen el número suficiente de ediles para forzar al gobierno local a solicitar un informe jurídico a la Secretaría Municipal. Éste fue precisamente uno de los temas que también se trató en el pleno de ayer fuera del orden del día. PP, PSOE y ACB SON volvieron a aliarse en una moción que ya habían presentado a principios de año para exigir al ejecutivo local más "transparencia" y mayores facilidades para acceder a la documentación municipal. En aquel entonces la propuesta se retiró del orden del día con la promesa de convocar una junta de portavoces o comisión informativa para consesuarla. Ayer la oposición denunció que aquellas buenas intenciones todavía no se han materializado.