El alcalde replica a Soliño que controlar las alegaciones es ilegal

-Afirma que ni el gerente provincial del Catastro puede hacerlo -El gobierno, pendiente de Intervención, para reducir el gasto

16.09.2016 | 02:33
Abalo y Pazos acceden a la Gerencia Provincial del Catastro. // S.A.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, reprocha al portavoz del PP, Rafael Soliño, su insistencia en acusar al gobierno municipal de no haberse implicado en el conflicto que supone la regularización catastral llevada a cabo en el municipio. Pazos afirma que Soliño no tiene ni idea cuando afirma que el Concello debió de realizar una seguimiento de las alegaciones. Afirma que es algo que ni puede realizar el gerente del catastro, que tampoco sabe su contenido. Para el regidor local sería inadmisible que los políticos tuviera acceso a este tipo de documentación, que tienen que resolver los técnicos.

Afirma que llama poderosamente la atención que de este asunto en el Partido Popular en vez de hablar Pío Millán, que fue siempre portavoz en temas relacionados con impuestos lo haga el "dóberman" del partido, Rafael Soliño. "Supoño que será porque a Pío Millán dalle vergoña allea falar como fala Soliño". Sostiene el alcalde que solicitar copia de las alegaciones es ilegal.

Xosé Manuel Pazos anuncia que a partir del próximo lunes comenzará una ronda de entrevistas con personas que tienen problemas con las alegaciones presentadas. No obstante, no hay indicios, al menos que cambie el Gobierno de España, que se frene de alguna manera el proceso de regularización catastral y que se admitan alegaciones presentadas fuera de plazo. Para los expertos es algo que sería difícil de imaginar, porque es un proceso que se regula por un decreto y funciona de igual manera en toda España.

Por otra parte, el gobierno local está pendiente del interventor municipal para establecer las medidas que se van a tomar por incumplir el techo de gasto que fijaba el plan de ajuste aprobado con el Partido Popular. Asegura el alcalde que si se sobrepasó fue para atender gastos perentorios y urgentes, "non en papatorias ni en voltas ciclistas". Reconoce que, evidentemente, las medias tenderán a contener el gasto, siempre en detrimento de la población, pero es como consecuencia de una decisión adoptada por el Gobierno de Madrid. Asegura que serán los tres grupos los que decidirán, a propuesta de intervención, cuáles son las medidas que menos daño puedan hacer a los ciudadanos.

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