El cobro del IBI se inicia entre polémica, enfados de los constribuyentes en las oficina del Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL) y amenazas judiciales. Se sabía que podía suceder estos. Y es que los nuevos recibos del Impuestos de Bienes Inmuebles incluyen la regularización catastral llevada a cabo con el fin de aflorar bienes ocultos, que en el caso de este municipio alcanzó la cifra de 4.000 nuevas altas. Los recibos salieron a la calle el día 16 de agosto sin que los contribuyentes que presentaron alegaciones sepan que pasó con el recurso que presentaron. Y es que Hacienda dispone de hasta el mes de octubre para constestar a alegaciones (el día 31 de octubre finaliza el plazo para satisfacer el impuesto, pero aquellos que solicitaran pagar el IBI en dos plazos, la primera entrega la deben satisfacer el día 16 de agosto y la segunda el 3 de octubre).
Estos días se presentaron en las oficina del ORAL de Cangas vecinos a los que se les cuadriplicó el recibo y habían acreditado en sus alegaciones que la finca a la que hacía mención el nuevo recibo no era de su propiedad. Los vecinos de Cangas se ven indefensos. Ya Hacienda, en su momento, impidió que se ampliara el plazo para presentar alegaciones. La ley establece 15 días de plazo para recurrir las regularizaciones.
También FARO DE VIGO pudo averiguar que las pocas respuestas que llegaron a las alegaciones presentadas fueron desestimadas por Hacienda. No hay que olvidar que se presentaron cerca de un millar a las 4.000 nuevas altas localizadas por la regularización catastral. Los vecinos y el propio gobierno municipal había detectado numerosos errores en la regularización catastral. Entre las 4.000 nuevas altas aparecen muchas viviendas nuevas que nunca cotizaron este tributo, pero también otras que sufrieron modificaciones, aplicaciones o reformas integrales. Los contribuyentes denunciaron que la empresa encargada de realizar la regularización catastral, que incluyó galpones, gallineros, alpendres y todo lo que tuviera tejado. Además había errores como propiedades que figuraban a nombres erróneos, como es el caso del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, al que se le adjudicaba una propiedad que no era suya. Además de esto, los contribuyentes afectados por la regularización catastral tuvieron que pagar 60 euros como multa. De nada valieron las asambleas ni los acuerdos plenarios solicitando una revisión del trabajo realizado por la empresa adjudicataria, debido a los numerosos errores. Hacienda siempre contestó que la solución era la presentación de alegaciones, que serían debidamente contestadas. Lo que ocurre es que los nuevos recibos del IBI incluye la regularización y los afectados se echan las manos a la cabeza.
A todo esto hay que añadir que la mitad de las 4.000 cartas enviadas a los afectados por la regularización catastral fueron devueltas, por no encontrarse en titular, al existir problemas con las direcciones, lo que provocó que numerosos afectados no pudieran presentar dentro de plazo las alegaciones pertinentes.
La presión vecinal y política cedió, pero ahora resurge con más fuerza, pero ya no quedan argumentos legales para hacer frente a todos lo que está sucediendo. Solo esperar que si se tiene en cuenta la alegación Hacienda devuelva el dinero que ahora se satisface.
