El Supremo tumba el recurso de Nacimento contra el concurso del camping de Ons

-La Sala de lo Contencioso entiende que faltan los fundamentos para admitir en casación -La UTE en la que Mar de Ons se había presentado, quedó excluida de la contratación

21.08.2016 | 03:03
El nuevo camping de Ons, en servicio desde junio. // Gonzalo N.

El Tribunal Supremo ha tumbado las esperanzas del empresario naviero de Mar de Ons, Juan Carlos Nacimento, que había presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestimó otro recurso anterior para anular el concurso de la Xunta de contratación y adjudicación del camping de Ons, resuelto en junio de 2013 a favor del del grupo naviero Acuña. Mar de Ons se había presentado a dicho concurso en una UTE (Unión Temporal de Empresas) con Casa Checho, Cruceros Rías Baixas y el Camping Moreiras, pero la Xunta la excluyó del proceso de contratación nada más abrirse el sobre de documentación administrativa al alegar que el camping Moreiras es una comunidad de bienes y no reúne las condiciones para contratar con la administración pública.

El camping, construido y explotado por María Jesús Acuña, ya está en marcha desde junio pasado.

La UTE de Mar de Ons había recurrido al TSXG porque entendía que algunas de las cláusulas del pliego del concurso eran contrarias a la legalidad y pedía una nueva licitación. Argumentaba la petición de nulidad en el hecho de que la Consellería de Medio Ambiente no respondió en agosto de 2012 a sus alegaciones al anteproyecto del camping durante la exposición pública, aunque el tribunal entendió que no hubo indefensión. Alegaba también que no se le concedió el trámite de subsanación de defectos, en lo relativo a la comunidad de bienes, pero el tribunal rechazó este argumento por entender que no se trataba de cumplimentar alguna docuemntación, sino que la empresa no cumplía los requisitos legales.

El Supremo ha inadmitido ahora el último recurso de casación de la UTE por errores en el procedimiento "por lo que resulta imposible discernir verdaderamente cuál es la infracción que se imputa a la se ntencia recurrida y quedebe ser depurada en este recurso de casación". Añade la resolución que faltan los fundamentos que exige el artículo 88.1 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa (que alude a abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción; incompetencia o inadecuación; quebrantamiento de las formas esenciales del juicio o infracción de las normas del ordenamiento jurídico).

El auto del Supremo condena a la UTE al pago de las costas que fija en 1.000 euros por cada una de las partes recurridas.

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