La concesionaria del ciclo integral del agua de Cangas, la UTE formada por Aqualia y Civis Global, no está dispuesta a rebajar de forma unilateral y sin contrapartidas las tarifas acordadas con el Concello para hacerse cargo del servicio los próximos 25 años y se aferra a que los contratos están para cumplirse y que cualquier merma de ingresos debe compensarse con la reducción de inversiones u otras alternativas que cubran a diferencia. El Concello ha entregado a la concesionaria un informe de evaluación del equilibrio económico del servicio -realizado por la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa), por encargo del edil de Facenda, Mariano Abalo- , en el que se advierte cierto margen de maniobra para ajustar las tarifas, aunque la UTE Gestión Cangas duda de los datos utilizados para llegar a esa conclusión y concluye que el modelo tarifario propuesto sería inviable, por lo que no está dispuesta a aceptarlo.
Según los cálculos de Emalcsa, con la aplicación de estas tarifas la concesionaria habría ingresado 1.873.502 euros en el año 2015 por los recibos del ciclo integral, de los que 1.141.848 euros serían de la cuota fija y 731.654 euros de la variable. Sobre esa cifra, estima un incremento anual del 2%, y del 1% el crecimiento vegetativo. Con estos datos, elabora una tabla plurianual que arrojaría un déficit a la concesionaria en los diez primeros años de concesión, logrando el equilibrio entre ingresos y gastos en 2026 y obteniendo superávit a partir de ese ejercicio, que sería de 100.000 euros en el año 2033 y de más de 200.000 euros en el horizonte de 2039, cuando finaliza el contrato.
El resultado del informe apunta cifras negativas en la primera década. El déficit para la concesionaria sería de 109.000 euros el primer año, 102.000 el segundo y de 94.000 el tercero. Continuaría en números rojos en las siguientes anualidades: -86.000 (2018), -77.000 (2019), -68.000 (2020), -59.000 (2021), -49.000 (2022), -38.000 (2023), -27.000 (2024), -16.000 (2025) y -4.000, en el 2026). En ese ejercicio practicamente se equilibrarían ingresos y costes, y en las siguientes anualidades ya serían cada vez mayores los primeros que los segundos, de forma más pronunciada cada año que pase.
En el informe de Emalcsa por encargo de Abalo se adivina ese "punto muerto" en 2026 y posteriormente "se estimarían rendimientos en positivo", puntualiza. Concluye que, con la tarifa propuesta, y con actualización anual del IPC (Índice de Precios de Consumo), "va a alcanzar ingresos suficientes como para mantener el equilibrio económico-financiero del servicio del ciclo integral de agua del Concello de Cangas, prestado en las condiciones comprometidas por el adjudicatario en su oferta y en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación".
La concesionaria discrepa
Pero a la UTE Gestión Cangas ni le coinciden los datos ni las conclusiones de este informe "de autor desconocido" en el que se aporta una nueva versión de un modelo de viabilidad de la concesión para desarrollar el ciclo integral de agua basada en una nueva distribución de costes del servicio y la consiguiente revisión tarifaria y su evolución económica en el período de concesión. Y, como ya hizo en otras propuestas del Concello para establecer un nuevo modelo concesional, vuelve a recordarle que los contratos se firman para cumplirse y respetar sus condiciones. "Esta UTE reafirma sus reparos en aplicar una estructura tarifaria distinta de la contratada" y, en todo caso, los criterios de viabilidad y retorno de la inversión deben quedar garantizados conforme a su oferta, avisa.
La concesionaria advierte de la omisión de datos de facturación que por sí solo "invalidaría todo el modelo de viabilidad" expuesto en el informe, duda de los métodos de cálculo utilizado para determinar los ingresos anuales y le merece "poca credibilidad" el supuesto de que los gastos fijos se mantengan cada trimestre, sin estimar variaciones por altas y bajas. La UTE afirma que la producción tarifaria real para 2015 sería de 1.780.000 euros y, tras aplicarse el 5% para obtener ingresos a mayores, llega a 1.869.000 euros, frente a los 1.992.455 euros que refleja el informe de Emalcsa. Con tales correcciones, la propuesta tarifaria del Concello no cubriría la inversión y sería "inviable", concluye la concesionaria.
