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Colectivos de la ría de Aldán llevan al pleno su rechazo al puerto deportivo de Ameixide

Una plataforma recién creada insta a desestimar la petición de concesión de 36.489 metros de lámina de agua -Dice que beneficia a los ricos en perjuicio del interés público y los marineros

El Pleno de Cangas debatirá el lunes la solicitud de una recién creada Plataforma pola Defensa da Ría de Aldán -constituida por varios colectivos de marineros, vecinos y ecologistas- para que la Corporación se posicione en contra de las instalaciones náuticas proyectadas por la empresa Vaqueiro Gestión S.L. frente a la antigua fábrica conservera de Ameixide, que contempla la ocupación de 36.489 metros cuadrados de lámina de agua. Los detractores del proyecto alegan que la obra carece de interés público y de estudio de impacto ambiental, solo beneficiaría al turismo de lujo y afectaría negativamente a los recursos marisqueros de la zona, por lo que se debería desectimar la petición por consenso de todos los grupos políticos.

El escrito dirigido a la Corporación canguesa está firmado por Jorge Pérez Rodal -expatrón mayor de la cofradía y exconcejal del BNG- en representación de la Plataforma pola Defensa da Ría de Aldán. Argumenta que el pasado 1 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de información pública de solicitud de concesión de los terrenos de dominio público marítimo terrestre destinados al proyecto de instalación náutica en Ameixide. Incide el colectivo en que no le constan alegaciones efectuadas por el Concello de Cangas ni por otra entidad que deberían velar por los intereses vecinales y por preservar el patrimonio público "ante os intentos de privatizar un espazo marítimo equivalente a sete campos de fútbol". Por ello, este grupo de "cidadáns afectados deciden tomar a iniciativa e alegar este agravio especulativo a un mar que é de todos".

Aluden al incumplimiento de la legalidad vigente y ausencia de usos que sean compatibles con la concesión administrativa, a la incompatibilidad con las normas subsidiarias de planeamiento y a que carece de un estudio de impacto ambiental conforme a la legislación vigente. También alertan de sus efectos sobre el sector del mar, como la "exclusión o requisa" de permisos de explotación (Permex) para extración de mariscos y pescados. La ejecución del proyecto tendría, en su opinión, "permanentes efectos socioeconómicos negativos" y privaría al conjunto de la ciudadanía de unos bienes y derechos de interés general en beneficio de unos pocos privilegiados, inciden desde esta plataforma que agrupa a ocho colectivos.

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