"Non se pode xustificar a actuación do concelleiro [Andrés García Bastón] con argumentos como o da liberdade de expresión ou que son chiquilladas", advierte el portavoz municipal del PP, José Enrique Sotelo, que exige al alcalde de Cangas que "no nome da Corporación, solicite desculpas ás persoas e organismos inxuriados" por el edil, además de cesarlo en el cargo "de forma inmediata". El escrito del Partido Popular presentado en el registro municipal se acompaña de una copia de algunos de los tuits cuya autoría se atribuye a García Bastón y que serían constitutivos de un presunto delito penal, argumentan.

La decisión de los populares responde a los "graves feitos acontecidos" en torno al concejal delegado de Xuventude, al que ya no consideran legitimado para seguir ejerciendo el cargo tras lograr que Cangas haya vuelto a ser "noticia en todo o Estado por causas, por sorte, que xa foran esquecidas" por la gran mayoría de los ciudadanos. También acusan al regidor, Xosé Manuel Pazos, y miembros de su gobierno de intentar "desviar a atención" con argumentos como que las actuaciones llevadas a cabo contra el concejal son frutos de la aplicación de leyes de reciente implantación -la pancarta pegada en la fachada del consistorio arremete contra la ley "mordaza"-, cuando la intervención de los cuerpos de seguridad "son consecuencia dun presunto delito penal", abunda el PP.

El grupo municipal que encabeza José Enrique Sotelo reclama que desde el Concello tomen ejemplo de lo acontecido hace unos meses con un concejal del PP de Moraña, que, "como consecuencia duns comentarios desafortunados nas redes sociais" - el edil Jorge Caldas, teniente de alcalde en esa localidad, llamó en Facebook "mala zorra y sinvergüenza" a la presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva- "ademais de pedir desculpas, dimitiu en só dous días". En el caso de Cangas ya han pasado más y no se actúa, advierten.

Por otra parte, al Concello de Cangas también se ha hecho llegar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena a una joven por humillar a través de twiter a Irene Villa y a Miguel Ángel Blanco, víctimas de ETA. Los magistrados rebajaron de dos años a uno la condena de la Audiencia Nacional.