El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) firmó la orden de demolición de los dos chalés en Darbo. Lo hizo el día 7 de junio, casi al mismo tiempo que el demandante reclamaba la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligaba al Concello a la demolición, que no era otra cosa que cumplir su propio acuerdo de la junta de gobierno de fecha 26 de junio de 2013.
El regidor local acordó proceder a la ejecución forzosa del acuerdo de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2012, por el que se ordenó a Promociones Xucaba S.L. la demolición de las obras (construcción de dos viviendas adosadas amparadas en una licencia, sin ajustarse a los términos que figuran en la misma, en cuanta a criterio de parcelación, que establece una distancia de 4 metros de la edificación existente en la parcela primitiva, que junto con los 3 metros que deben separar de las vivienda realizadas quedarían 6 metros entre edificaciones, siendo la distancia real de 4,80 metros. Así mismo, la separación de la alineación de una de las edificaciones es de 2 metros, por lo que no cumple los 3 que figura en el proyecto), motivo del expediente de restauración de la legalidad urbanística, con el apercibimiento de la ejecución forzosa y subsidiaria a costa del obligado.
El la resolución del alcalde Xosé Manuel Pazos, firmada el 7 de junio de 2016, se recuerda que con fecha de 12 de julio de 2013 se le concedió a la empresa un plazo de 15 días para presentar las alegaciones oportunas al expediente de restauración de la legalidad urbanística.
Según el informe de la lnspección de obras de este Ayuntamiento, de 6 de junio de 2016, las obras de referencia siguen sin ninguna actividad, por lo que el Concello de Cangas entiende que procede la ejecución forzosa del acuerdo de la Alcaldía y también a imponerle una multa coercitiva de 1.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de reestructuración Bancaria S.A. (Sareb), que es ahora mismo la propietaria de los chalés. La multa es reiterable mensualmente hasta el total cumplimiento del acuerdo municipal.
El gobierno municipal decidió afrontar de una vez por todas un asunto que llegó al TSXG porque el propio Concello de Cangas, con el anterior gobierno, no cumplía su propio acuerdo. El alto tribunal incluso habló de pasividad municipal en este caso, al tiempo que lo condenaba al derribo.
Todo esto sucede cuanto terminó el plazo de tres meses otorgado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que el Concello de Cangas ejecutara su propio acuerdo.
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El regidor local Xosé Manuel Pazos manifestó su intención de continuar hasta el final con el expediente abierto en su día y cumplir también la sentencia del TSXG. Afirma que si se retrasaron las medidas a tomar fue porque hubo que estar seguros de a quién había que dirigirse para pedirle que procediera a la demolición, antes de que el Concello de Cangas lo hiciera a cuenta del propietario, que ahora resulta que es la Sareb.
Pazos manifestó su intención de continuar adelante con todos estos procesos de demolición en los que no es necesario el desalojo de familias. No hay que olvidar que en este caso nos estamos refiriendo a dos chalés que nunca llegaron a estar ocupados, como muchos otros en Cangas, que ahora están en manos de la Sareb, que los tiene en su lista de ventas.
