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Testigos protegidos hablan de intimidación en la carretera por el clan de Los Morones

Tres declaraciones por videoconferencia se prolongaron ayer durante toda la jornada en los juzgados de Cangas -Aludieron a pagos mensuales y una cuota de hasta 15 euros por día

Letrados de acusados y testigos entrando en el juzgado cangués. // Santos Álvarez

Todo el día se prolongaron ayer las declaraciones de los tres testigos protegidos que narraron en el juzgado de Cangas cómo actuaba la presunta organización criminal encabezada por Los Morones y que según la querella de la Fiscalía protagonizaba extorsiones en los mercadillos de toda la provincia de Pontevedra. Cada uno de los tres testigos respondió a las preguntas de todos los abogados presentes y sus declaraciones se prolongaron durante horas. Entre las 11.00 y las 20.45 horas respondieron a las cuestiones de los 7 abogados de la defensa, de la fiscal y del letrado que representaba a los propios declarantes.

Se trataba de testigos protegidos que intervinieron por videoconferencia y con la voz distorsionada, para evitar su identificación. Entre los testimonios destacan las presuntas amenazas de las que acusan a Los Morones por no avenirse a los pagos irregulares por operar en los mercadillos. Los testigos que declararon ayer aseguran que buena parte de estas amenazas se producían en la carretera, "cruzándose delante con sus vehículos o amenzándonos desde el coche con adelantamientos o colisiones", relataron.

Sobre los presuntos pagos irregulares, los testigos hablaron del cobro de entre 100 y 150 euros al mes para los integrantes de las cooperativas, por gastos de asesoría y permisos que después no se llevarían a cabo. Además, añadieron que pagaban a los presuntos integrantes de esta organización entre 10 y 15 euros por vendedor en cada mercadillo para poder instalar un puesto.

También declararon, citando en todo momento a Sinaí Giménez, que habría "readjudicado" de forma irregular puestos en los mercadillos.

La investigación de la denominada Operación Vida partió tras las diligencias practicadas al episodio violento entre clanes de vendedores gitanos que se había producido en el mercadillo de Cangas el pasado mes de octubre.

Está previsto que pasen por el juzgado de Cangas unos 40 testigos, de los que una decena son protegidos. Entre todos ellos se encuentran vendedores que pertenecían a las cooperativas y decidieron salir, como los llamados "zamoranos" y también ambulantes autónomos que no guardan relación con estas cooperativas.

La acusación pública, que presentó de oficio la querella, habla directamente de una presunta "organización criminal" fuertemente jerarquizada y con una clara división de funciones.

Estaría dirigida por Olegario Giménez, el patriarca de la familia de Los Morones y por su hijo Sinaí Giménez. El primero se encuentra en arresto domiciliario y Sinaí en prisión preventiva desde abril.

La acusación se dirige contra 13 personas. En el segundo peldaño de esta presunta organización estarían los hermanos de Sinaí: Marino, Saúl y Juan Paulo Giménez. Todos ellos se encuentran también en prisión preventiva.

El abogado cangués Alfredo Iglesias Santos, que representaba a los testigos, aplaudió la forma de dirigir las declaraciones del juez instructor David Pérez Laya y de la fiscal. "A mi juicio quedó determinado, con claridad y coherencia, las amenazas, coacciones y la ilegalidad que partían de estas sociedades cooperativas", declaró tras la sesión.

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