La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que se condenaba a España por la contaminación en la ría de Pontevedra, sigue levantando ampollas en algunos de los aludidos. En concreto en el Concello de Bueu, que no entiende por qué se le incluye en el fallo del tribunal y por eso acaba de remitir a través de un despacho de abogados un requerimiento al departamento de Augas de Galicia. "É unha cuestión de prestixio", subrayan desde el consistorio.
La petición de explicaciones se debe a que en la sentencia de la UE se identifica el foco del problema en el tratamiento de las aguas residuales urbanas "en lo que respecta a la aglomeración [urbana] de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu". Ahí, en la figura de aglomeración urbana, es donde radica el meollo de la cuestión, según se desarrolla en el escrito de tres folios que acaba de enviar al departamento autonómico. Desde Bueu recuerdan que el 22 de mayo del año 2001 se publicó la aprobación del Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015, en el cual se declara como zona sensible la ría de Pontevedra. Y es en ese documento donde se distingue por un lado la aglomeración urbana Pontevedra-Marín (que se explicita que está constituida por los ayuntamientos de Pontevedra, Marín y Poio) y la de Bueu.
Sin embargo, esa declaración fue revisada hace algo más de tres años, mediante una resolución publicada el 28 de enero de 2013, y supuso un cambio sustancial para Bueu, que pasó a formar parte de la misma aglomeración urbana que Pontevedra, Marín y Poio. Éste es precisamente el punto que origina ahora la reclamación por parte del ayuntamiento de O Morrazo, que entiende que esa inclusión se realizó de manera irregular y vulnerando sus derechos. La legislación vigente, a través del Real Decreto-Ley 11/1995 del 28 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de aguas residuales urbanas, establece que "las Comunidades Autónomas fijarán, previa audiencia de los ayuntamientos afectados, las aglomeraciones urbanas en que se estructura su territorio". Dicho de otro modo: antes de ser incluido en la aglomeración urbana Pontevedra-Marín el ente público Augas de Galicia debería haber informado al Concello de Bueu y otorgarle un plazo de alegaciones.
Al menos así lo expone en el requerimiento que se le realiza a Augas de Galicia, donde se afirma que esa inclusión se efectuó "sen que por este Concello se teña coñecemento de ter sido desenvolvido, no que a el respecta, o trámite de audiencia [...], nin a súa inclusión na aglomeración urbana de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu [...], descoñecéndose en consecuencia os elementos dos se derivou tal decisión e resultado privado da defensa dos seus lexítimos dereitos e intereses".
El gobierno local de Bueu considera que este asunto tiene una "gran relevancia" en este momento concreto, a raíz de la sentencia del 10 de marzo de 2016, en la que el Tribunal de Justicia de la UE condena a España por los vertidos originados en esa aglomeración urbana. "O noso despacho de avogados se puxo en contacto previamente con Augas de Galicia, que en principio recoñecen que non lles consta que se seguise ese trámite de audiencia previa", explica el alcalde buenense, Félix Juncal, que aún así se muestra "cauto" ante ese reconocimiento verbal y extraoficial.
Malestar
Lo que no oculta es el malestar por la decisión de integrar a Bueu en esa aglomeración urbana o por el error al referirse a la misma. "Sentímonos molestos porque é algo que afecta á imaxe e ao prestixio deste concello", argumenta. Por otro lado, desde el consistorio recuerdan que la ría de Pontevedra también baña a un quinto municipio, Sanxenxo, que no ha sido mencionado nunca en la sentencia de la UE y que refuerza la tesis buenense.
Augas de Galicia identificó en el año 2009 un total de 25 puntos de vertido en distintos lugares del litoral de Bueu, una cantidad que se redujo a solo siete en octubre de 2013 y que se corresponden con los aliviaderos, según la comunicación oficial remitida en aquel entonces al Concello buenense. También data de finales de 2013 la auditoría de Augas de Galicia que origina el expediente a la concesionaria municipal por incidencias en la depuradora de Cabalo.
