Las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía en la Operación Vida, contra una presunta trama de extorsiones en mercadillos de toda la provincia de Pontevedra, incluyen no solo a vendedores ambulantes que trabajaron bajo las cooperativas dirigidas por la supuesta organización encabezada por la familia de Los Morones.
Es más, según fuentes de la causa, declararán también vendedores de origen subsahariano y payos que no tuvieron más relación con los acusados por la Fiscalía que la de compartir mercadillos. Tendrán que responder, entre otras cosas, sobre si fueron testigos de pagos irregulares por parte de los vendedores a las 13 personas que integraban lo que la acusación pública define como una "organización criminal".
Este lunes declararán en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, por videoconferencia y con la voz distorsionada, tres testigos protegidos. La querella de la Fiscalía contempla más de 40 declaraciones, de los que una decena son testigos protegidos.
Desde la defensa de los llamados "zamoranos", algunos de los cuales habrían abandonado las cooperativas lo que ocasionó un enfrentamiento entre clanes, recuerdan que la investigación no partió de ningún vendedor, sino que la dirigió de oficio la Fiscalía tras las averiguaciones de la Policía Judicial al estudiar el episodio violento que ocurrió en octubre en el mercadillo de Cangas. Fue entonces cuando el Ministerio Fiscal dio orden a los investigadores de la Guardia Civil para recopilar información sobre esta presunta organización que según la querella estaría integrada por 13 personas, era muy jerarquizada y contaba con una clara división de funciones.
Asimismo, un perito tributario recopila toda la documentación de las más de 10 empresas vinculadas al clan de Los Morones en los últimos años.
