En los últimos dos años y medio el Concello de Bueu ha incoado una decena de expedientes a la concesionaria municipal por incidencias relacionadas con el servicio: desde vertidos en la dársena o en fincas hasta problemas en la red general, como en los bombeos o aliviaderos. En todos los casos desde el consistorio se tipificaron las presuntas faltas como "graves", lo que suponía una multa de 3.005 euros. A medida que el gobierno local impone sanciones la empresa acude al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para recurrirlas. El juzgado le ha dado la razón en algunas ocasiones, como en el vertido en la dársena de Bueu, pero en la última falló a favor del Concello por unos vertidos en Bon de Abaixo. El expediente sancionador que se lleva a pleno el lunes va un paso más allá porque es el primero con una tipificación de falta "moi grave", que significa doblar la cuantía de la multa que se propone (6.010 euros).
Nadie lo dice abiertamente, pero el origen a esta catarata de expedientes tiene un antes y un después. La concesionaria pidió durante años al Concello [desde 2016 a 2012] una actualización de las tarifas para hacer frente al aumento del coste del servicio. La respuesta municipal siempre fue el silencio administrativo, por lo que en 2013 la empresa demandó al Concello en el Contencioso-Administrativo y le reclamaba más de 390.000 euros por lo que había dejado de ingresar. El juzgado le dio la razón al ayuntamiento, que alegaba que no se había demostrado ese aumento del coste del servicio. El TSXG ratificó la primera sentencia y desde entonces los expedientes no dejan de sucederse.
