Antes de presentar su querella la Fiscalía tomó declaración a casi 40 testigos en el marco de lo que después pasaría a denominarse Operación Vida. Aproximadamente una decena de estas personas tienen condición de testigos protegidos. Y además de las testificales practicadas, se recabó asimismo documentación de interés para el caso en distintos organismos.

Tras la explosión del operativo en abril, derivando en las detenciones practicadas en medio de un espectacular despliegue policial, los arrestados pasaron a disposición judicial y comparecieron ante el magistrado. Ahora el juez continuará con más diligencias y, de hecho, esta próxima semana está previsto que tome declaración a tres testigos protegidos, que lo harán por vía de videoconferencia y con la voz distorsionada, unas rigurosas medidas con las que se busca evitar cualquier posibilidad de que se les identifique.

Los abogados defensores de los investigados estudiarán a finales de esta semana toda la documentación incluida en las diligencias. A los presuntos delitos de extorsión, amenazas u organización criminal que se atribuyen se añadirían también otros como el blanqueo de capitales o contra la Seguridad Social. Para analizar éstos y acreditar la posible existencia de otros ilícitos de naturaleza fiscal parece previsible que se nombrarán peritos tributarios para que trabajen en el caso.

La estructura de la presunta trama criminal funcionaba a través de una cooperativa que tendría distintos nombres sociales y que, a través de algunos de los miembros del clan, estaría vinculada a diversas empresas y personas jurídicas. Así, según lo que se desprende de las diligencias cuyo secreto se acaba de levantar, a Sinaí se le relacionaría por ejemplo con un total de cinco sociedades y a su hermano Maríno, con cuatro.