"Reclamamos os bens comunais que foron usurpados e privatizados de forma fraudulenta. Temos razóns de peso para que os tribunais nos dean a razón". Una década después de que el Juzgado de Instrucción de Pontevedra admitiera a trámite la demanda de propiedad comunal de los montes de Aldán que, según el colectivo vecinal que los reclama, fueron "usurpados" por los condes de Canalejas y luego segregados, vendidos o cedidos a otras sociedades, los vecinos afrontan el lunes la primera jornada del juicio para recuperar unas 280 hectáreas, convencidos de que tienen la razón y los tribunales se la darán. Ayer recibieron el espaldarazo oficial del Concello, que, por unanimidad de los socios del gobierno tripartito, dio instrucciones a su abogado para que no se oponga a sus intereses en el juicio que se celebrará en los Juzgados de A Parda, adonde acudirá también una representación de la Mancomunidade de Montes en Man Común do Morrazo, que llama a movilizarse "para recuperar a titularidade dos montes de Aldán e devolvelos aos seus lexítimos propietarios, a veciñanza".
El asunto no es menor. No solo porque está en juego la titularidad de 2,8 millones de metros cuadrados de monte en los lugares de Menduíña, Borrallido, A Magdalena, Leboreiro, Varalonga o Herbello, que pasaron del Condado de Aldán a las empresas Promalar y Tiempo Libre y Ocio 2000 -ambas propiedad del empresario Juan Lago y en proceso de liquidación- y de ahí a otras mercantiles, sino porque en algunas de ellas se levantaron construcciones o servicios que complican aún más el procedimiento. Son los casos de los terrenos que Lago vendió al Concello de Cangas para construir parte de la planta de residuos de A Portela, los que transmitió al club de tenis Cluteca o los que le compró la empresa Geriatros para hacer la residencia de personas mayores de Herbello. También entra en ese ámbito las parcelas pretendidas por Zona Franca para ampliar el parque industrial de O Morrazo, aunque luego renunció a ellos por estar en litigio y paralizarse, con la crisis económica, el expansionismo empresarial.
Los vecinos son conscientes del valor estratégico y económico de esas posesiones, aunque aseguran que los mueve, por encima de todo, un derecho histórico que les corresponde y que reclaman en los tribunales. Al no haber comuneros -en Aldán no existe un solo metro de monte comunal reconocido- tuvieron que interponer la demanda a nombre de un particular que representa al conjunto. Convocados por la gestora del colectivo "Pola recuperación dos montes comunais de Aldán", varias decenas de parroquianos interesados en la causa se reunieron anteanoche en el colegio de Espiñeira para concretar la estrategia en el juicio. Está previsto que este lunes comparezcan cuatro vecinos (tres mujeres y un hombre) para testimoniar sobre el uso comunal de esos montes desde que tienen uso de razón. El 13 de junio se practicarán las pruebas testificales, y el 17 tendrán, las periciales y presentación de conclusiones.
Entre los demandantes prima un optimismo renovado tras ratificar el Tribunal Supremo una sentencia de la Audiencia de Pontevedra que clasifica como comunal unas 60 hectáreas de monte de la vecina parroquia de Beluso (Bueu) colindantes con los que se litigan en Aldán. Los interesados entienden que hay muchos paralelismos entre ambos casos, como los documentos históricos que acreditan su uso comunal o los testimonios que respaldan su demanda, aunque también algunas diferencias. Entre ellas, los problemas procedimentales derivados de carecer de una comunidad de montes constituida que sí tiene Beluso y una precariedad de recursos que impide a Aldán presentar algunas pruebas periciales que podrían arropar su demanda, como hicieron sus vecinos. Aún así, están convencidos de que "a razón é a mesma nos dous casos".
Apoyo municipal
Desde el Concello de Cangas -que tiene intereses en el procedimiento y bienes en los montes en disputa, como es parte de la planta de RSU- también juega su baza. Tras varios años oponiéndose a la demanda de los vecinos de Aldán, el gobierno tripartito dio ayer instrucciones a su abogado para que no acuda el lunes al juicio en Pontevedra, dando amparo a una reclamación que "é plenamente axustada a dereito". El concejal Mariano Abalo reconoce que el respaldo "é máis simbólico que práctico", aunque supone un cambio con respecto a anteriores corporaciones.
