La construcción del aparcamiento provisional de Altamira por parte del gobierno de Cangas sigue generando polémica. El último pleno, donde este asunto se debatió, sacó a la luz datos que hasta ese momento eran desconocidos para la opinión pública. En el debate que el portavoz del PP, Rafael Soliño, mantuvo con el alcalde y la concejala de Obras y Servicios, Xosé Manuel Pazos (ACE) y Mercedes Giráldez (BNG) se puso de manifiesto que la cesión firmada por el empresario de los terrenos por 15 años al Concello de Cangas es un canto al sol, ya que los terrenos, que forman parte de la Unidad de Actuación Número 5, se encuentran en proceso de embargo por el Banco Pastor. De ahí que cuando Mercedes Giráldez afirmó que las obras contaban con el permiso del propietario, Rafael Soliño preguntó si habían hablado ya con el Banco Pastor.
También se puso al descubierto que existía un proyecto de la construcción del parque provisional y que el gobierno local lo había colgado un par de días antes del pleno donde se iba a tratar este asunto mediante una moción del PP en el que ponía de manifiesto numerosas irregularidades en la obra. Soliño recuerda que se estuvo ejecutando un proyecto que no había durante seis meses. Además, el edil popular denuncia que el Concello solo factura a la empresa constructora un 10% del IVA, cuando debía ser un 21%, según establece la ley. El presupuesto del proyecto señala que el importe de las obras son 19.000 euros con IVA incluido, pero ya se había facturado 26.000 euros y queda pendiente el resto. Soliño manifestó públicamente en el pleno que la obra superaría los 30.000 euros, el límite que se fija para no sacarla a concurso.
Fue muy criticado por parte del PP el hecho de que las obras se realizaran sin permiso de la Consellería de Sanidade y Patrimonio, ya que se sitúan en el linde con el cementerio municipal de Cangas. El gobierno reconoció que no había solicitado permiso y Soliño manifestó que el Concello de Cangas podía ser denunciado ante los citados organismo por esa cuestión. El regidor local preguntó si era él quién iba a denunciar y Soliño respondió que era consciente de que algunos vecinos ya se había movido en este sentido. Ayer, Rafael Soliño insistía en ello. Cuando al PP se le recordaba que también había actuado en la zona para construir un parking provisional, Soliño dijo que las obras que realizó el anterior gobierno se situaban a una distancia de 100 metros. Las quejas de los vecinos están también relacionadas con el material utilizado para compactar la zona. Soliño también denunció que no existía un certificado de trazabilidad de los materiales empleados e insistió en que la zona está llena de uralita y cables.
Esta actuación del gobierno local permite ganar 800 plazas de aparcamiento en el centro de Cangas, pero las riadas que provocó el movimiento de tierras y después el escombro arrojado para compactar pusieron a los vecinos en alerta y el PP está utilizando esta obra como ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno.
