Ya hay respuesta de Costas del Estado a la petición que realizó el gobierno bipartito BNG-PSOE de Moaña, en su visita a Madrid en marzo, para intentar poner fin al conflicto del paseo marítimo de Seara. Proponía la construcción de una pasarela de madera frente a las dos carpinterías de ribeira y paralelamente la caducidad inmediata de estas concesiones para pasar a manos públicas y concluir el paseo de 6 metros por beiramar. Costas "devuelve la pelota" al servicio provincial de Pontevedra en lo tocante a la autorización para la pasarela de madera, pero deja en evidencia que el paseo no tenía la autorización preceptiva del Estado "que deberá solicitarse y tramitarse".

Para el gobierno local, tal y como manifiestan la alcaldesa, Leticia Santos; el edil de Urbanismo, Odilo Barreiro; y el teniente de alcalde, Salvador Meira, esta respuesta "nos da la razón" de que el paseo que comenzó el gobierno anterior del PP "se inició de manera irregular" . Por lo tanto, Barreiro dice que lo único que le queda al ex alcalde, José Fervenza, "es reconocer que cometió una irregularidad, pedir perdón a los vecinos y dejar de movilizar a todos aquellos que no quieren atender a razones". Los vecinos de la Plataforma Beiramar siguen con manifestaciones diarias desde Seara hasta el Concello e interrumpiendo comisiones para reclamar el paseo de 6 metros por el borde litoral, después del intento de llevarlo de forma alternativa por la calle Concepción Arenal, al no tener la autorización para la pasarela, y seguirlo con cesiones de tres metros.

Leticia Santos y Odilo Barreiro se habían reunido en Madrid el pasado 18 de marzo citados por el subdirector general de Protección de la Costa, Ángel Muñoz, aunque en la reunión también estuvo la subdirectora de Dominio Público, Josefa Solernou, que es quien firma el escrito al Concello de Moaña. Con respecto a la autorización para la pasarela, contradice a la jefa del servicio provincial en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera, al señalar que de acuerdo al Reglamento General de Costas, "el órgano competente para resolver sobre la solicitud de autorizaciones es el Servicio Provincial de Costas" y alude al artículo 152 del Real Decreto. Barreiro recuerda que fue Paz-Curbera quien les indicó que era una competencia del Estado y por eso fueron a Madrid.

Desde la Subdirección General de Dominio Público también se advierte que se ha comprobado que "la pasarela forma parte de una actuación mayor, consistente en la ejecución de un paseo en el deslinde público marítimo-terrestre... y que esta actuación estaría sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado, por tratarse de una ocupación de los bienes de dominio público con obras o instalaciones no desmontables" al tiempo que añade que "deberá solicitarse y tramitarse en la forma que determine el artículo 152 y siguientes del Reglamento de Costas". Barreiro recuerda que en el expediente de la obra sólo consta un escrito de Costas provincial sobre la situación en la que se encuentran las concesiones en ese tramo, pero no consta autorización además de que el secretario municipal había hecho constar en su informe cuando el anterior ejecutivo aprobó, en junta de gobierno, adherirse al convenio con Infraestructuras de la Xunta y Portos para ejecutar la obra del paseo, que para poder sumarse al convenio, previamente Costas tenía que ejecutar o bien expropiaciones o caducar concesiones para que el concello pudiera poner los terrenos a disposición de Infraestructuras.

El concejal de Urbanismo entiende que Fervenza ha quedado "desenmascarado", que esta obra es una trapallada más de su legislatura y que ahora tendrán que pedir la ejecución de una obra ejecutada "y eso tiene un nombre y suena a delito". La alcaldesa señala que el documento de Costas refuerza la posición del gobierno. Dice que desde el primer momento la intención de su gobierno fue resolver el conflicto del paseo y que siempre mantuvieron las relaciones institucionales para desatascarlo: "Queremos que nuestros vecinos puedan disfrutar de un paseo por beiramar, evitando ir por Concepción Arenal, y esa es nuestra voluntad". Tiene claro que el proyecto se empezó con toda la cuestión documental y los permisos sin resolver "y eso es responsabilidad del anterior gobierno porque se comprometía, dentro del convenio con Infraestructuras y Portos a poner a disposición unos terrenos para los cuales no tenía competencia".

Por su parte Salvador Meira se manifiesta en el mismo sentido de que el informe "refuerza a este equipo de gobierno y nos saca responsabilidades" además de que "la obra es irregular," y de que ellos seguirán apostando por un paseo de 6 metros por el lado del mar "pero cumpliendo con la legalidad"