La junta de portavoces del Concello de Cangas piden a la Gerencia del Catastro la paralización de todo el proceso de regularización catastral que está ahora mismo en fase de presentación de alegaciones. Los portavoces tanto del gobierno como de la oposición municipal coinciden en que la avalancha de errores obliga a adoptar este tipo de medidas con el fin de salvaguardar a muchos ciudadanos de una revisión catastral encubierta, porque en muchos casos aparecen subida de valores sin que se modificaran usos y volúmenes. También se muestran de acuerdo en que una regularización catastral bien hecha era necesaria para que cada uno pague por lo que tenga. Los portavoces piden que se realice una versión del trabajo de campo realizado por la empresa contratada por Catastro para los trabajos de regularización. El alcalde Xosé Manuel Pazos se mostró satisfecho con la colaboración mostrada por todos los grupos políticos, incluso vio con buenos ojos la propuesta del PP para que la Policía Local colabore también en los trabajos de presentación de alegaciones. Hubo críticas del portavoz de Cangas Decide, José Luis Gestido, por entender que la junta de portavoces debió de celebrarse antes que la asamblea que tuvo lugar el sábado.
Esta reunión se produjo por la tarde, a las 19.30 horas y se prolongó hasta casi las 21.00 horas. Pero antes, por la mañana, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, firmó ayer dos cartas dirigidas a la Dirección General del Catastro. En una solicita que de forma excepcional y dados los numerosos errores detectados en el proceso de regularización catastral, se amplíe el plazo de alegaciones para los afectados. En la citada misiva también se menciona la carece de medios materiales y humanos para hacer frente a la avalancha de reclamaciones. En la segunda carta, el alcalde pide la suspensión cautelar del pago del precio público de 60 euros que cobra el Ministerio de Hacienda, mientras no se resuelva el caso definitivamente.
El PP tiene claro que la empresa realizó el trabajo como una revisión catastral en vez de una regularización, porque aparecen numeroso casos donde se produce un incremento del valor solo porque hubo una reforma en un determinado año, algo que le regularización no aborda. Su portavoz municipal, Rafael Soliño, fue el único que se mostró reacio a mencionar la palabra apoyo a las medidas propuestas por el gobierno, concretamente a las cartas que se remitieron por la mañana y que fueron consecuencia de la celebración de la asamblea vecinal del sábado, celebrada en el salón de sesiones de Cangas.
Por su parte, el portavoz socialista Alfredo Iglesias se quejó de que Catastro realizara este proceso a espaldas de los ciudadanos, no de frente, sin explicaciones.
Todos coincidieron en señalar que lo que se trataba de impedir eran que los ciudadanos pagaran por los errores cometidos por la empresa, pero que tampoco se iba a dejar hueco a la picaresca, que se podría colar por esta puerta que ahora se abría.
Ayer por la mañana la cola que había en el Concello, donde personal de la empresa atiende las alegaciones, era bastante grande, inequívoca del problema que surge en estas 4.000 alteraciones del catastro de Cangas, entre altas y modificaciones.
