De forma sorprendente, el PP habla claramente de que lo que se está produciendo es una revisión encubierta de los valores catastrales, no una regularización. Afirma que es algo que realizó la empresa e, incluso, no tiene inconveniente de responsabilizar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ello. Pide que se ponga a trabajar en las alegaciones a técnicos de Urbanismo, inspectores y Policías Locales. Acusa al tripartito actual de pretender hacer caja con el dinero que vendrá de la regularización, en torno a 600.000 euros a mayores de ingresos por IBI y que renuncie a los 60 euros de la tasa que cobra el Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo que recuerda que el gobierno local no iba a subir impuestos.