La regularización del catastro de Cangas sigue dando quebraderos de cabeza al gobierno municipal. El alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) convocó ayer una junta de portavoces con el propósito de que este asunto sea tratado de forma conjunta por toda la corporación. La idea es buscar soluciones consensuadas, ir de la mano en un asunto tan espinoso como este, del que solo es responsable el Ministerio de Hacienda, porque las regularizaciones se realizan de forma obligatoria en todo el territorio español mediante una orden del citado ministerio de 2013.
La junta de portavoces se celebrará dos días después de que la asamblea vecinalconvocada por la concejalía de Urbanismo del Concello de Cangas que dirige Mariano Abalo, para tratar este asunto y también el del ciclo integral del agua. Tendrá lugar en el salón de plenos hoy, a las 18.00 horas.
El alcalde y el concejal de Urbanismo quieren comunicar a los portavoces de la corporación las gestiones realizadas ante la Gerencia Catastral y el ORAL para reforzar la atención al público, pero también los numerosos errores que se detectan en las 4.000 modificaciones del valor catastral y nuevas altas que se realizaron. Ayer, Xosé Manuel Pazos comentaba que desde Catastro le habían asegurado que no se trataba de una revisión encubierta, pero que visto los numerosos errores detectados ya tiene más dificultades para creer esa versión. Asegura que en las 4.000 fichas levantadas aparecen numerosos casos de viviendas en las que solo se realizaron obras de mantenimiento, como pintar y reformar ventanas, que según la ley no aumentan el valor catastral, pero que en estos casos si que sucede. Pazos espera que sean simplemente errores, no una revisión encubierta y ya adelanta que "imos reclamar donde faga falla". Pazos insiste en que el problema son los errores, no las nuevas altas o las verdaderas modificaciones que obligan a subir el valor catastral de la vivienda. Insiste, también, en que los 60 euros de tasa que impone Hacienda a los afectados por la regularización catastral es una multa encubierta. Pazos quiere aclarar que el gobierno no se opone a que las casas que no estaban dadas de alta tributen, consideran que deben hacerlo para mantener la igualdad, pero no aquellas que ya pagaban contribución y que las modificaciones están relacionadas tan solo con el mantenimiento de la vivienda.
El gobierno local quiere involucrar a la oposición, porque entiende que este asunto debe ser abordado de una manera conjunta, ya que atañe a toda la población, de ahí la convocatoria de la junta de portavoces, donde PP, PSOE y Cangas Decide podrán plantear sus posturas sobre esta polémica regularización catastral sin que se pueda hablar, en este caso, de herencia recibida, porque es algo que afecta a todos los municipios del territorio español.
