Representantes de los vecinos del edificio Pintos de Bueu, afectado por una sentencia de demolición parcial, participan en el proceso para la creación de una coordinadora nacional de afectados por sentencias de derribo. Hoy y mañana se celebra en Santander la decimoquinta edición del "Curso sobre la jurisdicción contencioso-administrativa", durante el que se dedicará una jornada completa a analizar los cambios que supone la reciente modificación del artículo 108.3.
Aprovechando el marco de este seminario tendrá lugar una reunión entre asesores jurídicos de afectados como los del edificio Pintos, compradores de buena fe. El objetivo es crear una coordinadora nacional para impulsar cambios legislativos para obtener soluciones ágiles y definitivas para los terceros de buena fe. Ese encuentro será mañana viernes y estará el presidente en Cantabria de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela; el presidente del colectivo AUAN de Andalucía, Gerardo Vázquez; y el abogado Antonio Cascante, por parte de los afectados del edificio Pintos. Además de crear esa coordinadora planificarán la organización de unas jornadas para evitar "la situación de desprotección" de los ciudadanos.
"No estamos a favor de las infracciones urbanísticas, pero no puede ser que los propietarios que han comprado sus viviendas con todos los requisitos legales, ante notario, registrador y que llevan años viviendo en ellas, sean los que soporten la reposición de la legalidad eludiéndose así la incuria de las administraciones", sostiene Cascante.
