La avalancha de alegaciones contra los nuevos valores catastrales propiciados por la regularización que se inició en 2013 y que comenzarán a aplicarse este año en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ocupa y preocupa al gobierno municipal, como reconoció ayer el propio alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Dos trabajadores de la empresa que realizó los trabajos de regularización, contratados por la Diputación de Pontevedra, comenzarán a trabajar ya en el Concello atendiendo a los afectados, en horario de 0.9.00 a 15.00 horas.

Con el propósito de ayudar a la gente a presentar las alegaciones, el departamento de Urbanismo del Concello de Cangas estará también a su disposición para ayudarles a realizar las correspondientes alegaciones, para las que los afectados tienen quince días de plazo. Aunque también aclaró ayer el regidor local que existe un plazo de 2 meses para presentar recursos ante la Gerencia del Catastro por los nuevos valores. Xosé Manuel Pazos recuerda que tanto los trabajadores municipales, como los de ORAL y de la empresa contratada por la Diputación "non son os culpables dos erros que poidera haber", por lo que hace un llamamiento a la población para que no sean "criminalizados". También insiste el alcalde que, entre todos, se luchará para que la regularización catastral llevada a cabo no suponga una revisión de valores encubierta.

Pazos se mantiene en contacto todos los días con los responsables del ORAL, oficina que gestiona los temas catastrales en Cangas, y con la Gerencia Provincial del Catastro, con el fin de tener información de primera mano. En este sentido se recuerda que la última revisión catastral se realizó hace 30 años y que en esta regularización aparecen los cambios que hubo en este periodo en los inmuebles. Es mucho tiempo como para que la situación no cambiara, surgieran añadidos o reformas, de ahí que aparezcan más de 4.000 afectados.