El problema de los afectados por la Ley de Costas de 1988, que parecía haber quedado resuelto con la reforma de esta normativa en 2013 que aprobó el gobierno del PP, no está tan claro, al menos para los afectados que creen que es el Concello el que debe de dar el último paso para dar carpetazo a una situación que ha estado amenanzado sus casas desde los últimos veinte años. Los representantes de la Plataforma de afectados tienen prevista hoy una reunión con la alcaldesa, Leticia Santos; y el edil de Urbanismo, Odlio Barreiro, ambos del grupo municipal del BNG, para intentar clarificar la situación ya que entienden que debe de partir del Concello que se incluya en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) la exclusión del dominio público marítimo-terrestre del que se beneficióa este municipio, con otros oncenúcleos de España, y que fue interpretado como un "indulto".
El PSOE desde Madrid recurrió dicha reforma al Constitucional, que admitió en parte, aunque no en el caso de la exclusión del dominio público, y Moaña se benefició una vez más. Reconocía que los terrenos que han perdido sus características naturales pueden ser objeto de desafectación. Aunque la sentencia considera conforme a la Constitución la exclusión de estos núcleos, también dice que no excluye "la verificación, en cada caso, de que dicha pérdida determina también que ya no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", operaciones que "requieren la adopción de las correspondientes resoluciones administrativas, siempre susceptibles, además, de control jurisdiccional".
Temor al cambio de gobierno
Hasta ahora, los vecinos de Moaña, afectados por Costas, se mostraban pacientes con el último paso para salvar plenamente sus propiedades, ya que las casas las fueron dando de alta en el Registro de la Propiedad sin problemas,si bien pendientes de Madrid porque las informaciones que llegaban del Ministerio eran confusas. Medio Ambiente señalaba que para los lugares excluidos del dominio público, había que aprobar una orden ministerial para determinar la regularización de la reforma en cada caso. Esa orden nunca llegó, pero la propia ministra, Isabel García Tejerina, en una visita a Moaña en octubre pasado, aseguraba que los vecinos podían estar "tranquilos" porque las zonas costeras que aparecen en la reforma están excluidas del dominio público "por ley".
Sin embargo, los vecinos se impacientan ahora ante un posible cambio de gobierno en Madrid y que conlleve también a un cambio de planteamiento ante la ley.
Por lo de pronto sorprendió estos días la retirada de la mítica pancarta contra la Ley de Costas de la vivienda del vecino Juan Bermúdez, junto a la plaza del Concello, aunque el afectado asegura que no la ha retirado porque se haya acabado su problema, sino que lo hizo de forma provisional para arreglar la puerta del balcón, que se estropeó de tantos años que tiene la pancarta colocada y sin poder abrirla. Bermúdez asegura que si hubiera llegado la solución definitiva "ya hubiéramos hecho una fiesta". En su caso, lal contribución que le llega por su viviedna sigue siendo la rústica, "la misma de siempre".
