El concejal de ACB-SON en Bueu, Julio Villanueva, presentó durante la sesión plenaria de ayer una batería de preguntas al gobierno local para conocer la incidencia del concello buenense en los problemas de vertidos en la Ría de Pontevedra, manifestados el pasado mes de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Villanueva hizo referencia al dictamen comunitario, en el que se habla de un incumplimiento reiterado en el tratamiento de las aguas residuales en varios puntos, entre ellos la Ría de Pontevedra. La actuación se puso en marcha a raíz de una denuncia de la Comisión Europea al Estado español en noviembre de 2014 en la que señalaba el "indudable riesgo para la salud pública" del deficiente saneamiento de esas aguas.
Villanueva inquiere a los responsables municipales si les consta alguna actuación "total ou parcial" sobre los 25 focos de contaminación que se apuntan en el informe de la empresa adjudicataria Aqualia. Asimismo, preguntan si el Concello tiene el control sobre la concesionaria y cuántos camiones de lodo o toneladas se sacaban al ponerse en marcha la depuradora y cuántos se sacan ahora. También se quiere conocer si el tercer tratamiento con rayos ultravioleta está activo. Por último, se pregunta que, ya que la EDAR está adaptada a 17.000 habitantes, si consta el número real de usuarios y el incremento que se produce en verano, y hasta cuándo está la concesión en vigor y si se valora retomar el control público de la misma.
Fue lo más destacado de un pleno que solo incluyó daciones de cuenta de la Alcaldía.
