El gobierno local de Moaña consiguió ayer celebrar el pleno ordinario de marzo después de que los integrantes de la Plataforma Beiramar reventasen la sesión de febrero y todas las comisiones informativas desde entonces. Fue necesaria la intervención de la policía para poder retomar la actividad municipal. La tensión fue palpable desde el primer minuto. Media hora antes de la sesión unos 9 agentes de Policía pidieron el DNI de todo el que trataba de acceder al consistorio. Únicamente se permitió acceder a 63 personas por orden de llegada, que es la capacidad exacta del salón de plenos. Después se llamó a aquellos vecinos que tenían pedida la palabra.
Unas 25 personas de la plataforma se quedaron fuera, así como los integrantes de otros colectivos e incluso militantes y simpatizantes del BNG. Los ediles del PP decidieron no entrar, en protesta por esta decisión del ejecutivo local. Al finalizar la sesión los populares argumentaron su decisión en que "la alcaldesa se ha saltado el reglamento vecinal claramente en su favor". Desde el PP acusaron al ejecutivo bipartito de comportarse "como la dictadura de Maduro, sacando una foto a los DNI de los vecinos que entraron para tenerlos identificados".
Entre los que accedieron estaban unos 35 miembros de esta plataforma que protesta desde enero para exigir que el paseo de Seara se construya íntegramente por los 6 metros de borde litoral. Cuando la alcaldesa, Leticia Santos, dio por iniciada la sesión, arrancaron su ritual y comenzaron a cantar exigiendo este paseo o criticando directamente a la regidora y al edil de Urbanismo, Odilo Barreiro.
La alcaldesa les advirtió de que "impedir a celebración do pleno é un delito", pero tuvo que realizar un receso de 5 minutos con los portavoces de BNG, PSOE y XM. Durante ese parón el jefe de la Policía Local avisó de que se identificaría y desalojaría individualmente a cada vecino que impidiese la celebración del pleno. Si se negaban a salir serían detenidos directamente. Ante esta medida este grupo de 35 personas mostró su enfado y entre insultos y gritos optó por salir del consistorio. Se unieron al resto de vecinos que permanecían a las puertas del Concello y estuvieron silbando y haciendo sonar bocinas durante toda la sesión.
Dentro, el orden del día se sucedió sin mayores contratiempos. Apenas hubo dos referencias a lo que había ocurrido. La alcaldesa pidió a los asistentes "desculpas polos momentos de tensión vividos", mientras que Javier Carro, de XM, aprovechó un debate sobre la sanidad para señalar que "os que realmente queremos defender ao pobo estamos aquí dentro", dijo entre aplausos del público que quedaba en el patio de butacas.
El asunto de más calado que aprobaron los ediles de BNG, PSOE y XM fue el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 513.877 euros. Con esta aprobación Moaña reconoce facturas de los años 2012, 2013 y 2014 que no fueron recogidas en ejercicios anteriores.
El edil de Facenda, Aldán Santamarina, ya había tratado de tomar esta medida en el pleno suspendido de febrero. En los próximos ejercicios tendrá que seguir reconociendo paquetes de facturas para poder rebajar el altísimo periodo medio de pago a proveedores que tiene el Concello moañés, y que amenaza con una intervención del Estado en sus cuentas. Fenosa y Sogama se llevan la mayor parte de este dinero por facturas pendientes, pero más de 120.000 euros se corresponden a pequeños proveedores.
Centro de salud
Además de aprobar la inclusión del hijo predilecto Manuel Méndez como miembro de reconocido prestigio del Consello Escolar, los ediles presentes aprobaron una moción de XM que reclama a Sanidade mejorar el mantenimiento del centro de salud de Domaio, así como construir un local anexo para sala de Rayos X.
El pleno también rechazó el acuerdo de la UE con Turquía para retener a los refugiados y acordó pedir a la Xunta que ofrezca cursos de tratamiento de productos fitosanitarios en Moaña.
