Casi un año después de que el Concello de Cangas remitiera al Costas del Estado la relación de núcleos afectados por la regularización que este departamento realizó con motivo de la nueva Ley de Costas no hay respuesta. El bipartito que gobernó en el anterior mandato fue relevado antes de que el Ministerio de Medio Ambiente ofreciese alguna respuesta al trabajo de casi dos años llevado a cabo por los técnicos municipales en los que se puso de manifiesto que 9 núcleos estaban afectados por la regularización de Costas y que ninguno de ellos disponía de los servicios exigidos. La medida se tomaba tras rebajar Costa la línea del dominio público terrestre de 100 metros a 20, por la que se habría la posibilidad de viviendas que era ilegales ser regularizadas, que no legalizadas, ya que no se pueden realizar ampliaciones, solo obras de conservación y mantenimiento.
El Concello de Cangas remitió al Ministerio de Medio Ambiente la documentación el día 13 de mayo del pasado año y en ella figuraba una relación de 92 edificaciones que podrían ver alterada su situación. Los núcleos son: Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña. La regularización aquí se realizaba a través de una segunda opción, no es otra que la consolidación del suelo afectado alcanzara los dos tercios, posibilidad que también ofrecía la nueva Ley de Costas. En la mayoría de ellos no había saneamiento.
El actual concejal de Urbanismo Mariano Abalo (ACE) asegura que no tiene noticias de que el Estado se haya pronunciado, aunque critica el trabajo realizado en la época del Partido Popular. Considera que se tendrá en cuenta este trabajo, pero que será el nuevo Plan Xeral de Cangas quien clasifique la zona. Claro que es potestad del Concello, a través de su PXOM la clasificación, pero el trabajo de los técnicos fue delimitar los núcleos que debían se regularizados.
Abalo no oculta que su intención es empezar de cero con este trabajo que se tardó dos años en realizar, con lo que supone de incertidumbre para los propietarios de esas 92 edificaciones afectadas, que salieron de un estudio que abarcó a 653 construcciones ilegales. El Partido Popular también está molesto con el gobierno "amigo", concretamente con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina por no haber otorgado validez a la propuesta que se lanzó desde el Concello de Cangas o, por lo menos, haber contestado si se ajustaba o no a lo que la nueva Ley de Costas demandaba. De hecho, en mayo de 2015, los técnicos municipales de Cangas consideraban que el trabajo se había realizado de forma escrupulosa y no creían que el Ministerio de Medio Ambiente formulase modificaciones.
Mariano Abalo también es crítico con la actuación de la Axencia de Protección de la Legalidad Urbanística, cuando se habla de impulsar el control de campings y chabolismo en la Costa de Cangas. Afirma que se actúa dependiendo del dinero de los afectados. Que si tienes dinero se mira para otro sitio y si no lo tienes se aplica la ley con contundencia.
